Humberto Vacaflor Ganam
Cuando se trata de defender a los incendiarios de bosques, los caudillos del MAS olvidan sus rencillas, que muchas veces son mucho más que eso, porque llegan a gruesas ofensas, y se ponen de acuerdo.
Luis Arce ha aceptado la llegada de bomberos extranjeros, de Chile y Francia, pero no ordenó a sus diputados que abroguen las diez “leyes incendiarias” que favorecen a los cocaleros y a los mineros ilegales.
Es como si Arce y Morales tuvieran que obedecer mandatos que llegan del exterior y que están por encima de sus pequeñas peleas por las elecciones de 2025.
¿Cómo explicar a esos dos países que el gobierno recibe a sus bomberos, pero, al mismo tiempo, se niega a eliminar las leyes que autorizan, e incluso promueven los incendios?
El diputado masista Félix Ajpi tuvo la decencia de reconocer que los incendios crean intereses económicos, pues los nuevos dueños de las tierras quemadas han llegado con la intención de invertir y trabajar.
A esto, el diputado llama “intereses cruzados”, pero no entra a explicar cómo es que las tierras arrasadas por el fuego tienen dueños cuyos intereses deben ser defendidos.
Son los masistas que, incluso pisando brasas, llegan con sus papeles que los definen como dueños absolutos de las tierras quemadas.
Estos papeleos comenzaron antes de que los incendiarios hubieran prendido fuego a las zonas apetecidas por los nuevos cocaleros y los mineros ilegales.
El mismo procedimiento se aplica a las tierras que han de ser avasalladas por las hordas masistas.
Hay un cronograma de quemas y avasallamientos, que incluyen, como se puede observar ahora, todos los parques nacionales. Los interesados en esas tierras se han inscrito ante algún sindicato del Chapare.
La idea es que los nuevos cocales adopten los principios rígidos aplicados en Chapare, según los cuales, por ejemplo, los propietarios de terrenos saben que no pueden venderlos ni alquilarlos ni darlos en hipoteca sin la autorización del sindicato.
Eso rige también para las propiedades urbanas que llegaran a levantarse. Nadie puede vender ni alquilar una propiedad si no tiene la autorización del sindicato.
Y tienen que aportar al sindicato y al “instrumento político”, siempre que quieran preservar sus propiedades.
Negarse a cumplir con cualquiera de estas condiciones es suficiente motivo para que el sujeto sea despojado de sus bienes y expulsado.
Hay una sospechosa coordinación entre los incendiarios y las oficinas del gobierno masista, pues las tierras quemadas ya han sido asignadas, en propiedad plena, a los dirigentes de los “interculturales”, los adelantados de los cocaleros de Evo Morales.
Los mineros ilegales tienen otro método, más efectivo, que no necesita de los funcionarios del gobierno, porque consiste en ahuyentar a los aborígenes a balazos y luego, si alguno quedara, prenderle fuego al bosque.
De esa manera, los aborígenes, que tuvieron un congreso en Beni, pasaron de vivir en un paraíso amazónico a ver la llegada de los mineros empleados por empresas chinas, lo que lleva a que los peces de los ríos, el único alimento que tienen, termine con sabor a mercurio, un veneno.
Siglo21bolivia.com