Julio fue un mes dramático en la política, porque el presidente anunció al país que tenía miedo de viajar a Estados Unidos en su avión francés por temor a que en ese país “le planten droga”. A sólo un mes de la sentencia contra el general René Sanabria en Miami, los nervios del presidente Morales aumentan día a día y contagian a su gobierno.

La coca se ha convertido en la pesadilla del dirigente cocalero. A última hora, pero muy aprisa, el presidente trata de poner en orden a sus bases cocaleras del Chapare, exigiendo el acuerdo de “un cato” (1.600 m2) por familia para que no haya excedente que se vaya al narcotráfico.

Pero como es un político, al mismo tiempo, sin observar que se contradice, proclama que “no hay alternativa a la coca” para la economía de un cocalero.

Mientras el presidente se muerde las uñas pensando en las revelaciones que haya hecho Sanabria, la policía boliviana captura narcotraficantes de origen colombiano, peruano y brasileño, como si Bolivia fuera la nueva Meca de esos delincuentes. El ministro de gobierno Sacha Llorenti dijo que no hay cárteles en Bolivia pero al día siguiente el subsecretario Felipe Cáceres dijo que hay diez “familias” que mueven entre 50 y 70 millones de dólares.

Un informe de la policía antidrogas dijo que en Santa Cruz hay seis narco-pueblos. Se sumarían a las 29 narco-comunidades de Cochabamba de las que habló hace dos años el coronel Félix Molina.

La coca angustia al presidente. En este mes debió admitir que parte de la hoja que se produce en el Chapare –donde él sigue siendo el mayor dirigente sindical- va al narcotráfico. Y, de urgencia, ha pedido a su gobierno que elabore un plan para autorizar la exportación legal de coca a Argentina (se lo hace ilegalmente todos los días, a un ritmo calculado en 5.000 T por año). Así el presidente salió al frente de la propuesta que está tomando fuerza para que se haya una consulta nacional que mida cuánta coca se necesita para el acullico de los bolivianos, a fin de definir cuántos cultivos se requieren, y se los limite a eso con toda la fuerza.

Por último, el presidente anunció en julio que ha decidido dejar de usar las “donaciones” extranjeras que estaba recibiendo para el programa “Evo cumple”, consistente en la entrega personal de cheques a alcaldes en todo el país, casi a diario, desde 2006, sin control de parte del gobierno.

El temor a que se pueda sospechar que esos recursos tuvieran un oscuro origen hizo que el presidente haga el anuncio de que no los volverá a usar, pero luego cometió otro error, porque dijo que usaría dinero del presupuesto nacional, usando los recursos revertidos de las gobernaciones, pero eso sería un delito.

En fin, que el presidente ha quedado sin su única actividad diaria, que era la entrega de cheques viajando todos los días. Y tampoco puede jugar al fútbol, porque la gente ha optado por silbarlo.

En lo político, el gobierno encaró en julio una situación incómoda. Sus parlamentarios aprobaban con dos tercios de votos la curiosa elección judicial de octubre, pero en las calles y en los medios la medida era rechazada también con dos tercios.

La elección de octubre podría dar un resultado incómodo para el gobierno, con una mayoría de votos nulos, calculada en 90% por el senador Luís Pedraza.

La oposición propone que esa votación equivalga a una calificación del gobierno.

Sobre el estado de la economía llegaron dos mensajes claros, aunque contradictorios, del exterior.

El Fraser Institute de Canadá volvió a recoger el criterio de cientos de empresarios en el mundo sobre los mejores lugares para invertir y volvió a poner a Bolivia en los últimos puestos.

Los petroleros especialmente dijeron que los yacimientos bolivianos son demasiado chicos para el “government take” que aplica el gobierno a esa actividad. Además dijeron que las reglas no son claras y hay barreras para llegar a los mercados internos y externos.

Otro mensaje externo fue la llegada del presidente del BID, Luis Alberto Moreno, quien vino a ofrecer créditos de hasta 500 millones de dólares. El gesto reconfortó al gobierno, pero luego se advirtió que el BID quiere participar en el festival de créditos instantáneos que recibe Bolivia, por el momento sólo de la CAF, a tasas altas. Los organismos internacionales han percibido que Bolivia es un país que se endeuda fácilmente sin importarle las tasas de interés.

El crédito del BID llevará la deuda externa a 3.500 millones de dólares, con lo que la deuda pública llegará a 10.500 millones, según las cifras del presidente del BCB, Marcelo Zabalaga.

En julio el gobierno informó que el déficit fiscal calculado para este año en 4,9% del PIB bajará a 2% debido al ingreso extraordinario que recibirá el TGN por la legalización de los automotores introducidos de contrabando.

El “error de cálculo” cometido por el gobierno, que esperaba legalizar 10.000 autos y terminó descubriendo que existían 128.026 produjo este resultado. Un error que trae una solución.

El problema es que los países vecinos están molestos con esa legalización, porque incluía autos robados en sus territorios. Brasil denunciará el caso en el MERCOSUR y Chile ha pedido que se denuncie ante la OMC.

Los paceños tuvieron un sofocón en julio, por un fallo judicial que puso en duda la propiedad privada de la tierra en la zona sur.

El mes se cerró con el resurgimiento de la versión periodística acerca de una probable burbuja inmobiliaria.

La venta de inmuebles se ha frenado por falta de compradores cuando se espera la conclusión de unos 800 departamentos en el mes de agosto.

Los ingresos de la minería volvieron a superar a los del gas natural en el primer semestre. Se situaron en 1.683 millones frente a los 1.651 millones.

Argentina compró en julio tres veces más gas natural procedente de ultramar, gas natural licuado, que el boliviano. Cada día compró un promedio de 21 millones de GNL y 7 millones de gas boliviano.

La situación de los empresarios exportadores es dramática, según dice la Federación que agrupa a las pequeñas y medianas empresas.

La falta de mercados externos está obligando a las empresas a cerrar o emigrar hacia Chile y Perú.

La prestigiosa Ametex ha enviado 200 cartas de retiro a sus trabajadores.

Falta gas para la fábrica de cemento y el gobierno amenaza con intervenirla.

La ley de inversiones sigue sin aprobarse, igual que la ley de minería.

LP 1.8.11

 

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