Lo peor que le podía pasar al primer presidente indígena de Bolivia, como es conocido Evo Morales en el mundo, es que una marcha indígena de protesta lo denuncie de estar traicionando a la causa.

La marcha de los indígenas del oriente comenzó el 15 de agosto pidiendo que el parque nacional Isoboro-Sécure no sea atravesado por una carretera e invadido por los cocaleros, aliados de Morales.

Según el exembajador de Bolivia en Washington, Gustavo Guzmán, convertido en crítico del gobierno, la marcha se produce cuando Morales ha iniciado una segunda etapa de su gobierno, caracterizada por dejar de lado la defensa de la Pachamama y de los derechos de los indígenas.

En esta nueva etapa de su gobierno, Morales parece decidido a cumplir su mayor y único propósito político: favorecer el crecimiento de los cocales. Todos los parques nacionales han sido invadidos por ejércitos de taladores de árboles, socios de cultivadores de coca, según denunció la gobernación de Santa Cruz.

Al cerrarse agosto, la revista inglesa The Economist mostró el tamaño de la sorpresa internacional por la protesta de los indígenas e indagó sobre los motivos del cambio del gobierno boliviano.

Morales parecía atrapado por una actitud de soberbia al negarse a dialogar con los marchistas y su gobierno estaba aplicando armas desleales contra ellos: escuchas de llamadas telefónicas, guerra sucia de los medios oficialistas y acusaciones sobre la injerencia de la embajada de Estados Unidos y partidos de derecha.

El exvocero presidencial Alex Contreras, que acompañó a Morales en marchas similares en el pasado, dijo que los métodos que está aplicando el gobierno son idénticos a los que aplicaban gobiernos anteriores.

Las acusaciones sobre la injerencia de la embajada de Estados Unidos fueron hechas por el presidente con mayor insistencia conforme avanzaba la marcha y se aproximaba el 2 de septiembre, cuando se debe conocer el fallo de la justicia de ese país contra el general René Sanabria por narcotráfico.

El nerviosismo del gobierno aumentó con la versión que trajo de Miami el diputado opositor Luís Felipe Dorado sobre la existencia de una lista con 64 nombres que Sanabria habría entregado a la justicia norteamericana.

La mencionada lista podría ser revelada por la jueza Úrsula Ungaro al momento de emitir la sentencia contra Sanabria o mantenida en reserva, a fin de que la INTERPOL actúe contra cada uno de los aludidos cada vez que salgan de Bolivia.

Es una situación muy incómoda que llevó a Juan Ramón Quintana, autoridad de las zonas fronterizas, a mostrarse como un furibundo antinorteamericano, con alusiones a la presunta intención del “imperio” de apoderarse de la Amazonía y del planeta entero.

Si se trata de un gesto que pueda definirse como “curarse en salud” para el caso de haber sido incluido en la lista de Sanabria, se sabrá pronto. El propio presidente Morales ha estado endureciendo sus críticas a Estados Unidos, sobre todo después de la caída de su amigo Muhamad el Gadaffi en Libia.

Otro amigo del presidente, Lula da Silva, llegó a fines de agosto, contratado por la empresa constructora OAS, que debe construir la resistida carretera, para dar una charla a los empresarios cruceños.

Según el diario Valor Económico de Brasil, Lula trajo la intención de pedir a Morales que ceda ante los indígenas, pero nada se supo sobre los temas tratados en el encuentro de los dos amigos.

Lula dijo en Santa Cruz una frase muy dura: que las fronteras entre los dos países sirvan para el progreso y no sirvan solamente al narcotráfico.

La señora Dilma Rouseff no siente simpatía por Morales, como se sospecha por el hecho de que nunca habló con él, ni siquiera cuando el presidente boliviano la llamó para felicitarla por el triunfo electoral. Morales tampoco asistió a la asunción de Rouseff.

Lula quiere ayudar a Morales pero sabe que el tema del narcotráfico es muy sensible para la opinión pública de su país, lo que explica la dura frase.

Mientras el gobierno de Morales vivía esta metamorfosis, una grave crisis energética revelaba las consecuencias de su mala política económica.

Los cortes se luz se multiplicaron y el ministro de Hidrocarburos, José Luís Gutiérrez, revelaba que hay un déficit de 5 millones m3/d de gas natural, pues Brasil pide 31 millones, Argentina 10 y el mercado interno otros 10, lo que da 51 millones de demanda mientras la producción está en 46 millones.

La falta de gas fue un duro golpe para la empresa Jindal Bolivia, condenada a dejar para el futuro el proyecto de siderúrgico y dedicarse a exportar mineral de hierro. Las empresas cementeras y de otros sectores también sienten la escasez de gas.

Un seminario sobre petróleo realizado en Santa Cruz permitió saber que será muy difícil que Bolivia pueda hacer petroquímica, sobre todo por la falta de volúmenes suficientes de gas.

En el primer semestre, las importaciones de hidrocarburos sumaron US$ 496 millones, mientras que las compras de alimentos y bebidas sumaron US% 298 millones, otro récord.

Empresarios nacionales y extranjeros han estado insistiendo en agosto en la necesidad de que el país cuente con leyes claras y seguridades jurídicas para las inversiones.

Pero el gobierno sólo ha dicho que la ley de minería, que se elabora desde 2006, tiene un avance de 60%.

Mientras la falta de leyes y de mercados desalienta a los industriales, que están optando por irse del país, comenzando por los textileros, la presencia de narcotraficantes de otros países es cada vez más evidente. Se van los buenos y llegan los malos.

El dirigente campesino Miguel Ávila, de la zona de Yapacaní, denunció en agosto que el parque nacional Choré ha sido copado por cocaleros y narcotraficantes al estilo de las FARC de Colombia, es decir con control de territorio.

Ocupado en combatir a los indígenas marchistas, el gobierno no ha respondido a esa denuncia que equivale a un cambio muy grande en el estilo del narcotráfico en Bolivia, pues supone la adopción del sistema de control territorial, como en Colombia y en Perú, con ejércitos de mercenarios a cargo de convertir las áreas de producción en “zonas de exclusión” para la policía y el ejército.

Los campesinos y los indígenas originarios parecen enfrentados cada vez más con los cocaleros, lo que provoca el mayor problema al gobierno del cocalero Morales. Este problema lo afecta políticamente a mediano plazo, mientras que el narcotráfico y el caso Sanabria podría tener efectos inmediatos.

 

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