Mientras el gobierno pone todos los huevos en la canasta del TIPNIS y la marcha de protesta de los indígenas, diversas regiones se enfrentan por los recursos naturales.

Guerras antiguas: Potosinos y orureños estaban la semana pasada a punto de ir a las manos por el control de un territorio donde hay riquezas naturales, comenzando por un yacimiento de calizas.

El conflicto ponía incómodo al presidente Morales, quien nació en Oruro, donde todos esperan que los respalde en su litigio con Potosí.

El presidente tuvo que ir a Potosí para tratar de calmar los ánimos, pero no logró su propósito, mientras los orureños lo miraban con sospecha.

Guerra del gas 2: Tarija y Chuquisaca se disputan las regalías de la explotación del yacimiento de gas natural Margarita, que abarca territorios de ambos departamentos.

Se han producido reuniones y los tarijeños no aceptan compartir las regalías con los chuquisaqueños, a pesar de que geólogos tarijeños admiten que el campo es de ambos departamentos.

Mientras se disputan esas regalías, los dos departamentos descuidan el hecho de que el gobierno ha disminuido las asignaciones departamentales por concepto del gas natural, o Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Dentro de Tarija hay otros problemas. La provincia del Gran Chaco reclama mayores ingresos, también descuidando el hecho de que el gobierno acaba de disminuir en 16% los montos provenientes del IDH.

Otra guerra beniana: Benianos y cochabambinos están en una especie de tregua por un diferendo territorial, en espera de que se resuelva el conflicto de la carretera que los unirá.

Lo curioso es que incluso en Cochabamba y en Beni hay amplios sectores, mayoritarios, que apoyan a los indígenas que quieren la protección del parque Isiboro-Sécure.

Guerra de paceños: En las narices del gobierno, los dirigentes de la provincia Murillo, donde está la ciudad de La Paz, exigen que se respete los derechos de propiedad, amenazados por indígenas de los alrededores.

Hay cabildos abiertos previstos para estos días y el gobierno no atina a resolver el problema. El alcalde de La Paz, Luís Revilla, ha optado por dar garantías a los habitantes de la urbe, lo que deja al gobierno en la incómoda posición de tener que decidir entre los urbanos y los rurales.

Alianzas regionales: También hay alianzas entre regiones, como la que se da entre Tarija y Potosí para exigir al gobierno que de una buena vez resuelva el problema que paraliza la carretera que los debe vincular.

Aquí el conflicto se complica, porque la empresa a cargo de la obra es la brasileña OAS, la misma que debe construir “a rodovía da cocaína”, como fue definida por José Serra, la vía que ahora los indígenas del TIPNIS rechazan.

La OAS no se ha quedado con los brazos cruzados y la semana pasada trajo a Lula da Silva, quien vino a presionar al presidente Morales para que acelere la construcción de la carretera que ambos aprobaron hace tres años.

El cherry:
Si faltaba algo, está la exigencia de los cocaleros de La Paz que exigen al presidente que declare ilegales a los cocales de otras regiones.

 

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