Era previsible: el gobierno del líder de los cocaleros ilegales tiene dificultades para poner freno a otras actividades ilegales en el país.

La semana pasada, 80 contrabandistas atacaron a una patrulla de aduaneros en el departamento de Oruro. Al huir, el vehículo de los aduaneros tuvo un vuelco de campana, dejando heridos a tres de ellos.

Los dueños de los autos que fueron robados en países vecinos están pidiendo a la Aduana que les permita legalizarlos porque, al fin y al cabo, se sabe que los dueños verdaderos ya fueron compensados por las aseguradoras.

Los campesinos que invadieron tierras ajenas en Santa Cruz, en la zona de Chiquitos, exigen que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) les reconozca como propietarios legales y les entregue los documentos correspondientes.

Los cocaleros que han invadido los parques Choré, Amboró, Madidi, Carrasco, Tunari e Isiboro-Sécure, exigen al gobierno que les permita quedarse donde están, cultivando coca.

El argumento de estos últimos es copiado, palabra por palabra, del que usaba Morales cuando combatía a los gobiernos anteriores: “los cocaleros no sabemos hacer otra cosa y si el gobierno quiere que dejemos de cultivar la hoja sagrada, que nos dé algún trabajo”.

Esta realidad, referida a los cocaleros, muestra que los informes sobre la extensión de tierra dedicada al cultivo de la hoja son elaborados por burócratas desinformados.

Los medios de comunicación independientes, los muy pocos que quedan, dieron una diferente lectura al último informe de la ONU: en los últimos cinco años el cultivo de coca creció en 22%. Los otros medios, que son mayoría, optaron, muy disciplinados, por decir que entre 2010 y 2011 el incremento de los cultivos había sido de solamente 0,3%.

El padre de uno de los cuatro técnicos de la ONU que murieron en la región de La Asunta en mayo pasado (ver Siglo 21 N 1.171), nos dijo que tiene informaciones para probar que el avión recibió disparos desde tierra.

 

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