Todo el gobierno debió empeñarse en tratar de frenar el impacto que tuvo entre los consumidores un nuevo comentario del presidente sobre la pesada carga de la subvención de los carburantes.

Culpar a los periodistas, que es el primer instinto del gobierno, ha dejado de tener efecto, porque todos escucharon al presidente diciendo lo que luego se quiso negar.

Por lo tanto, el ministro de la presidencia, Carlos Romero, se propuso ofrecer otra solución al problema apuntado por el presidente.

Dijo que todo esto se tiene que resolver cambiando la matriz energética, lo que implicaba que no sería necesario el gasolinazo.

Estaba proponiendo aplicar una solución de largo plazo para un problema de angustiosa urgencia. No logró disminuir la tensión creada por el presidente.

Todo esto se produjo a la semana de que se difundiera la noticia de que en Ilave, en Puno, se había incendiado un almacén clandestino de combustibles bolivianos introducidos de contrabando.

Y se produjo cuando el INE dio a conocer que las importaciones de combustibles a precios internacionales, para luego subvencionarlos en el mercado interno (y externo), habían crecido en 73% entre enero y septiembre respecto de igual lapso del año pasado.

Es decir que el presidente había mencionado un hecho preocupante, aunque para encararlo había propuesto un método inapropiado: que se produzca un debate nacional para subir los precios.

Los consumidores, según esta visión del presidente, debían pedirle a gritos que, por favor, eleve el precio de los combustibles.

La COB, los alteños, los mineros y los transportistas le han dicho que no. Solo las “bartolinas” le han dicho que sí, pero se sabe que ellas tienen poca participación en el mercado de los carburantes.

El episodio mostró que la política económica está huérfana y que el presidente es el único que se atreve a hablar de los problemas, aunque luego sea desmentido por sus propios colaboradores.

 

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