Los trabajadores mineros asalariados, que trabajan para Comibol,  ocuparon por la fuerza la mina Colquiri y ahora exige que los cooperativistas sean expulsados.

Acusan a los cooperativistas de ser empresarios privados perversos y quieren que el gobierno anule un decreto por el cual entregó a la cooperativa la veta Rosario, la más rica.

Cuando el gobierno está actuando políticamente con los cooperativistas, para asegurarse el voto de 170.000 familias, los sindicatos de Comibol se han lanzado a defender los intereses del Estado.

El gobierno no atina a reaccionar porque sabe que los cooperativistas son muchos, y le interesa tenerlos como base electoral en el altiplano.

El sindicato exige que se anule el decreto por el cual los cooperativistas quedaron con el control de la veta Rosario, la más rica de la zona.

La Federación de mineros, la Central obrera Boliviana y los sindicatos mineros le están exigiendo al gobierno que anule el decreto y expulse de Colquiri a los cooperativistas.

El difícil dilema es del gobierno, que debe optar entre apoyar a los cooperativistas que son miles, o a los sindicalistas, que no son muchos pero que hablan en nombre de los intereses del Estado.

Son los ladrones de minerales enfrentados a los obreros de una empresa estatal. Mientras tanto, los cooperativistas piden que se los declare obreros, y se los contrate en la empresa, como ocurrió en Huanuni, pero sin éxito.

Lo que ha hecho el presidente Morales al participar en la negociación es mostrar sus nervios pero no ha aportado con ninguna solución.

 

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