Después de meditar durante cinco años y ocho meses en su proyecto de reforma de la ley minera, el gobierno del presidente Morales comienza a mostrar algunos detalles de su idea, pero todavía no habla de los impuestos.

Ejemplo peruano: En Perú, el gobierno de Ollanta Humala demoró solamente 30 días para reformar el sistema tributario minero, porque no quiere perjudicar los planes de inversión para este año, que suman US$ 4.000MM.

Fundación Milenio hizo un informe sobre los detalles que se conocen del proyecto de nuevo código minero, que está avanzado en 60%, según ha dicho el ministro José Pimentel.

Todo el Estado: Dice el estudio que el proyecto “termina siendo un régimen de uso y aprovechamiento estatal de los recursos mineros”.

La situación en que se encuentran Huanuni y Mutún bajo el control de Comibol no es algo que hable a favor de la administración estatal de los recursos mineros.

Un análisis del diario La Patria de Oruro dice que el cambio fundamental radica en que luego de ratificar que la propiedad de los recursos naturales existentes en el suelo y subsuelo son de “dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano; su administración corresponde al Estado en función del interés colectivo”, elimina la institución centenaria de la concesión minera y la reemplaza por el contrato minero y las licencias.

Desaliento empresarial: El incentivo que movía a los mineros del país –igual que en otros países- para buscar yacimientos a fin de pedir el control sobre ellos para explotarlos, estaría ahora desapareciendo.

Un minero que encuentre un filón de algún mineral deberá informar al Estado y esperar a que la empresa estatal decida no explotarlo. La función del explorador minero estaría eliminada, al eliminarse la posibilidad de beneficiarse con el hallazgo.

España y Patiño:
La colonia actuaba de la misma manera. Diego Huallpa no estuvo en condiciones de beneficiarse con su descubrimiento en 1545, porque todas las riquezas del nuevo mundo pertenecían a la corona española.

El más grande empresario de la historia de Bolivia, Simón I. Patiño, hubiera tenido que ceder al Estado la mina La Salvadora.

El método que se está diseñando desalienta a la iniciativa privada en el sector minero. Los particulares sólo podrán acceder a contratos o licencias, todo sujeto a la voluntad de los funcionarios públicos.

Cambios menores: Mientras se espera esta reforma, algunos funcionarios del gobierno han ido introduciendo ajustes en el sistema tributario, de tal manera de que el Estado perciba mayores montos cuando los precios estén altos.

Pero se trata de medidas coyunturales que podrían ser cambiadas con el nuevo código, lo que explica el poco interés de inversores extranjeros de operar en Bolivia.

La claridad con que el gobierno de Humala actuó en el Perú muestra que para atraer nuevas inversiones es preciso mostrar las reglas de juego y dar garantías de que no serán cambiadas.

Las dudas del gobierno boliviano y su tardanza sólo han servido para que los mineros se hagan una idea de lo que ahora comienza a vislumbrarse como una política que los ahuyenta.

 

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