En seis semanas, la legalización de los automotores que ingresaron de contrabando sólo abarcó 26% de los 128.069 registrados.

El trámite, que provocó duras críticas al gobierno desde el exterior, donde la consideran una complicidad con el delito, choca ahora con el desinterés de los propietarios.

Los transportistas de la provincia Yucumo de Beni decidieron no legalizar sus autos porque les parece muy caro tener que pagar US$ 4.000 para ese propósito.

Prefieren seguir usando sus vehículos como lo estuvieron haciendo hasta ahora: sin papeles de importación.

Estos transportistas cuentan con la confianza de que los usuarios del transporte público los defenderán si se diera el caso de que el gobierno quiera confiscar sus unidades.

El poco interés de los propietarios tiene que ver también con el hecho de que algunos de ellos han resuelto el problema, hasta ahora, usando placas ilegales que, sin embargo, son idénticas a las legales.

Además, en varias ciudades del país hay un comercio muy activo de placas, rosetas de inspección técnica e incluso de etiquetas del seguro obligatorio.

El Estado boliviano está perdiendo autoridad –suponiendo que alguna vez la tuvo- porque no puede expulsar a los campesinos que avasallan minas, no puede expulsar a los cocaleros que invaden parques nacionales, no puede impedir la exportación de miles de toneladas de coca con destino a la Argentina y nada hace para evitar que el territorio boliviano se haya convertido en una especie de agujero negro en el corazón de Sudamérica, donde los contrabandistas hacen de las suyas.

 

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