El “error de cálculo” del gobierno, admitido por el vicepresidente García Linera, sobre la cantidad de automotores introducidos de contrabando que habrían de ser legalizados, tiene nuevos efectos.

Ilegales rebeldes:
La semana pasada, los transportistas de Yucumo, en la provincia beniana José Ballivián, decidieron no someterse a la legalización de sus automotores, porque les parece muy alto el costo del trámite (unos US$ 4.000 por cada carro).

Pero las repercusiones más preocupantes de este error de cálculo se están dando en el consumo de los carburantes, con lo que se obliga al presidente Morales a autocriticar la política de subvenciones.

Inflación y desprestigio: Lo que provocan esas críticas, que no se traducen en decisiones, es el nerviosismo de los consumidores pero sobre todo el encarecimiento de los productos por parte de comerciantes que toman previsiones ante la sospecha de una inflación.

Además, el desprestigio del país por la legalización de los autos de contrabando (más de 1.400 robados en Chile). Una encuesta divulgada por uno de los cuatro matutinos del gobierno en La Paz estableció que 70% de los consultados cree que la legalización de los chutos fue un error.

Exportadores molestos: El gobierno se queja de las subvenciones pero ahora tendrá que atender a otro sector que pide ayuda: el de los exportadores afectados por la depreciación de los dólares que ellos reciben como pago de sus ventas en el exterior.

Las organizaciones de exportadores, en efecto, han pedido formalmente que el gobierno les compense, ya sea en rebaja de impuestos, de aranceles o lo que sea, por esa depreciación.

Dice el gobierno que la depreciación del dólar ayuda a controlar la inflación. Pero la medida está haciendo menos competitivos los productos bolivianos en el exterior, provocando desempleo, desalentando las inversiones y alentando las importaciones.

Una ley demorada:
Otro problema provocado por errores de cálculo mostró su rostro la semana pasada. La ley de minería sigue demorada. Van cinco años de meditación, sin resultados.

La semana pasada, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), columna vertebral de la COB, y la Federación de Cooperativas Mineras (Fedcomin), se pronunciaron por separado pidiendo al gobierno garantías para el sector.

Trabajadores y cooperativistas creen que el gobierno necesita aplicar medidas claras frente a los aborígenes que han tomado al pie de la letra los artículos de la constitución del MAS que los declara propietarios de los recursos naturales encontrados en los territorios de sus ancestros.

Asaltantes autorizados:
El gobierno ha tenido una actitud indecisa ante estos casos, ordenando, en algunos casos, la expulsión de los aborígenes que asaltan las minas, y, en otros, dando a entender que necesita negociar.

Dicen las cooperativas que son 200 las minas tomadas de manera violenta por los originarios en los últimos dos años. El gobierno dice que no usará la policía para desalojar a los asaltantes, pero en las dos últimas semanas cambió de idea.

Pero no hay una política clara sobre este tema. Sigue la espera de la ley de inversiones, de la ley de minería y la de hidrocarburos.

Los aborígenes, confundidos con los mensajes contradictorios, no saben a qué atenerse.

 

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