Mientras el presidente Morales mantiene la decisión de enfrentar a los indígenas del oriente con otras marchas, las elecciones para la renovación judicial han quedado en el olvido, aunque son inminentes.

La única alusión a esa extraña consulta popular la hizo el presidente, cuando dijo que los indígenas del oriente están en la marcha sólo porque quieren perjudicarla.

Wilfredo Ovando, presidente del Tribunal Electoral, abrió la posibilidad de que la consulta sea aplazada, pero luego dijo que se haría de todos modos.

La mayor duda es si el 16 de octubre el clima político boliviano será apropiado para que se realice el acto electoral, teniendo en cuenta que en esos días podrían darse enfrentamientos entre indígenas opositores y cocaleros oficialistas.

Según las leyes bolivianas, durante las horas previas a una elección no pueden haber reuniones políticas, y mucho menos marchas.

Hugo Moldiz, asesor del gobierno, sugirió este fin de semana que la elección sea suspendida a fin de que se pueda elaborar una lista de candidatos que incluya a personas capaces de ocupar los cargos.

Es que los candidatos que fueron aprobados por los parlamentarios del gobierno no reúnen las condiciones para ejercer los cargos tan importantes a los que aspiran.

La minoritaria oposición ha criticado todo el procedimiento y ha pedido que el país ahorre todo el dinero que supone la consulta, que no tiene razón de ser.

El gobierno se ufana de estar organizando la más democrática renovación judicial del mundo.

Y no se ha preguntado si en el resto del mundo no han hecho elecciones semejantes porque sencillamente es un procedimiento equivocado.

Que Bolivia gaste más de Bs 100MM para mostrar al mundo que, de veras, no tiene sentido elegir a los jueces por voto popular es un despilfarro imperdonable.

La elección demostrará lo que todo el mundo sabe. Si el procedimiento fuera el correcto, lo usarían en otros países.

 

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