Los juicios de responsabilidades que ha decidido iniciar el gobierno del MAS a expresidentes que firmaron contratos petroleros tienen un alcance no advertido, que perjudica a las inversiones.

Juicios de responsabilidades: Algunos ejecutivos de empresas petroleras comentan ahora que resultará riesgoso para cualquier empresa suscribir contratos con gobiernos bolivianos, por temor a lo que les podría pasar, al caer esos gobiernos.

Si los que firmaron los contratos como presidentes serán juzgados, y quizá enviados a la cárcel, ¿cómo se sentirán los ejecutivos que estamparon sus firmas a pocos centímetros en esos mismos documentos?

Es cierto, los ejecutivos no podrán ser juzgados en Bolivia, pero sus nombres serán mencionados durante todo el proceso contra los expresidentes.

Error de cálculo: Es probable que quienes toman las decisiones sobre este tipo de medidas de castigo a los gobiernos anteriores no hayan tomado en cuenta estos alcances, que vienen a dañar la imagen del país entre los inversores.

El expresidente Jorge Quiroga, uno de los que serán enjuiciados, dijo hace pocos días que los contratos que él firmó con empresas petroleras estaban en regla, no fueron en contra de ninguna disposición pero, además, permitieron al país contar con una producción de gas que se convirtió en la gallina de los huevos de oro del país.

Muy mal momento: Este alcance de las decisiones políticas del gobierno contra gobiernos anteriores se presenta cuando el equipo económico, en coordinación con el parlamento, ajusta los últimos detalles de la nueva ley de inversiones.

Los voceros del gobierno dijeron que estaban consultando con los inversores para definir algunos detalles de la ley, una ley que tiene una demora de cinco años y ocho meses, porque fue anunciada en enero de 2006.

Bandos diferentes: La actitud nueva del gobierno, o de una parte de él, está a favor de crear condiciones apropiadas para atraer inversiones. Una actitud que responde a la dramática crisis del sector productivo.

Pues si esos miembros del gobierno quieren atraer inversores, parece que otros han decidido mantener una actitud hosca hacia el sector privado.

Mal comienzo: La semana pasada, el gobierno anunció que la participación del Estado en la producción de alimentos seguirá creciendo. A ese respecto, el director del IBCE, Gary Rodríguez, dijo que parece muy revelador el hecho de que ahora, cuando hay empresas estatales dedicadas a la producción de alimentos, se presente el récord histórico en la importación de alimentos.

Contra los privados: En efecto, el gobierno ha decidido crear unidades económicas estatales paralelas a las del sector privado en Santa Cruz, provocando una situación de inseguridad en varias empresas de la región.

Si la iniciativa privada va a ser sometida a este tipo de acciones de presión y de dumping (como es el caso del arroz), parece difícil entender que, al mismo tiempo, el mismo gobierno esté pensando en atraer inversiones extranjeras.

Estas contradicciones refuerzan la sospecha de que dentro del gobierno hay más de una tendencia.

 

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