Los medios de comunicación masivos no se atreven a llamar las cosas por su nombre y admitir que el país vive en este momento una grave crisis energética, como lo mostraron los nuevos cortes de electricidad de la semana pasada.

Las llamadas de atención que hace el gobierno a los medios los tiene cada vez más atemorizados, y se ha generado una situación de autocensura que lleva a tapar algunos temas de mucha importancia.

País no atractivo: Como dice la columna de esta edición, la experiencia de la empresa Jindal es la prueba de que no es aconsejable que ninguna empresa, nacional o extranjera, confíe en la provisión de energía para operar en Bolivia.

Las empresas están molestas con los últimos cortes y los analistas admiten que quizá sea necesario modificar el sistema de tarifas, a fin de que el sector de generación se haga atractivo para los inversionistas.

Pequeños aumentos: La crisis ha obligado al gobierno a admitir que está aplicando, en silencio hasta ahora, ajustes semestrales de las tarifas eléctricas, en 3% cada vez, pensando en no crear situaciones de conflicto.

En el sector eléctrico se estaría aplicando la receta que el gobierno pensó aplicar al precio de los combustibles después de haber fracasado en el intento de subirlos de manera abrupta.

Los incrementos semestrales fueron reconocidos por el ministro José Luís Gutiérrez en el parlamento, pero no han sido difundidos por el periodismo masivo, quizá para no causar alarma ni protestas.

Sin hacer ruido: El estilo de aplicar soluciones de manera subrepticia es el preferido por el gobierno. Se aplica también en el sector petrolero, donde las empresas están recibiendo cada vez mejores señales para operar, señales que no deben ser expuestas a la opinión pública, porque perjudicarían la imagen revolucionaria y nacionalizadora del gobierno.

Estilo solapado: Pero ese estilo no es una buena señal para los inversionistas. Ellos querrían mensajes más claros, reglas más explícitas, y no concesiones hechas por debajo de la mesa.

El estilo del gobierno de hacer cambios sin proclamarlos abiertamente impide que avance la aprobación de las leyes de inversiones, de minería y de hidrocarburos.

En el sector energético, un ajuste de las tarifas para la demanda industrial quizá aliente nuevas inversiones que permitan eliminar el déficit. Pero el efecto sería mejor si los cambios en la política tarifaria fueran anunciados a los cuatro vientos, sin temores ni disimulos.

Mineros y mineros: La ley minera no avanza porque el gobierno necesita complacer a los cooperativistas, que representan una fuerza de trabajo con más de 100.000 personas, con un impacto muy atractivo en las elecciones.

Como se sabe en todas partes, las leyes tienen que ser para todos, pero si un gobierno se propusiera hacer leyes duras para unos y blandas para otros, obligaría a los legisladores a hacer malabarismos imposibles. Y morosos.

En el sector petrolero, entretanto, los precios para el mercado interno son un obstáculo que el gobierno no puede resolver y las empresas no quieren aceptar.

 

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