El Gobierno afirmó ayer que la suscripción de al menos 42 contratos de operación  entre cooperativas mineras y empresas privadas no tiene amparo legal, por lo que  este hecho debe ser investigado y esclarecido.

La Comibol informó que se recaba información sobre estos convenios para efectuar un análisis técnico-jurídico.

El domingo 6, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó  que al menos 42 cooperativas mineras suscribieron contratos de operación con empresas privadas nacionales y transnacionales  para que exploten las áreas que recibieron del Estado en calidad de concesión.

Un 80% de las ganancias  se queda con las compañías privadas, el 19% es para las cooperativas y sólo  el 1% llega a Comibol por el canon de arrendamiento, explicó Romero.

Según Siglo 21, El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, minero al fin y al cabo, redujo los impuestos a la actividad minera a solamente 4%, pero el presidente EMA ha dejado que surja una escala móvil en que algunas empresas pagan 1%, otras 4% y un tercer grupo pague hasta 55%.

La escala móvil, según se supo en medio de muchos sustos la semana pasada, surgió de la aplicación de contratos de operación (joint venture) por parte de las cooperativas, que compartían sus privilegios tributarios con empresas privadas. Estos serían los 42 contratos que han sido cuestionados.

Según los cooperativistas, ellos acuden a esas asociaciones cuando los precios caen o cuando necesitan aporte de capital o tecnología, y prevén que ahora se aproxima una época de precios bajos.

El secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN) Alejandro Santos admitió este lunes, la existencia de al menos diez cooperativas que suscribieron contratos con empresas privadas o extranjeras.

Lo que queda es el caos tributario, que se mantuvo hasta ahora, debido a que el gobierno consideró a las cooperativas como sus aliadas.

Como herencia de este desorden, las tasas tributarias son muy variadas.

Pero las ventajas que han recibido los cooperativistas en el país son muchas.  El tema de los avasallamientos es un caso revelador.

Según estimaciones de la Empresa Minera Himalaya (EMH), una de las avasalladas, El Gobierno cedió a la cooperativa Cerro Negro Ltda. una mina con reservas de wólfram valoradas en 6.000 millones de dólares.

Esto después de que esta cooperativa había avasallado esta mina. Y este es sólo un caso de muchos.

Otros regalos a las cooperativas incluyen la sede de la Federación de Cooperativas Mineras de Cochabamba (Fedecomin), que demandó una inversión de 1,15 millones de bolivianos.

Al momento de esta entrega, los ccoperativistas comprometieron su voto y este es el tema clave.

Uno de los problemas principales en este momento es el poder político que tiene la minería corporativizada. Se estima que entre actores directos e indirectos, los cooperativistas representan alrededor de medio millón de votos. La proximidad de las elecciones presidenciales le da una especial relevancia al tema.

El gobierno consiguió dividir a los cooperativistas. Se identificó a 20 cooperativas “elitistas” que serían las que firman los “joint venture”, mientras que otras 1.660 son “de base”.

Al suspenderse los bloqueos, en una tregua pedida por el gobierno, los cooperativistas de base dijeron que ellos no romperían con el gobierno.

 

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