El dilema por las reglas del juego en la economía del país continúa y hay una renovada urgencia por la aprobación de la ley de inversiones. Ya que Bolivia recibe apenas 0,7% de la IED que llega a la región.

Según ANF, ayer el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Marcelo Zabalaga, argumentó que la Inversión Extranjera Directa (IED) captada por Bolivia sí es importante respecto al Producto Interno Bruto (PIB) del país, mientras que los empresarios afirman que Bolivia es la que menor porcentaje de dinero, de inversión extranjera, recibió de todos los países vecinos lo que califica como “preocupante”.

“La Inversión Extranjera Directa en Bolivia, se dice que nosotros atraemos poca inversión extranjera, que no hay seguridad jurídica, que los extranjeros no quieren invertir en Bolivia, pero no se olviden que –si bien tenemos cerca de mil millones de IED–, lo que cuenta no solo es el dato, en la economía no solo cuenta el dato, sino su relación, y hemos sacado unos datos con relación al Producto Interno Bruto y hemos descubierto con sorpresa que Bolivia, con relación a los países de América Latina, está en segundo lugar”, dijo Zabalaga. Y es natural dado que tenemos el segundo PIB más pequeño de la región.

Desde un punto de vista diferente, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez, señaló que “estamos en plena construcción de la Ley de Inversiones y, lo que queremos, es que se fortalezca en una buena ley que nos permita a todos los bolivianos y a los extranjeros tener inversiones en el país que sean de largo plazo”.

“Definitivamente, hoy estamos viendo que en toda la región Bolivia es la que menor porcentaje de dinero, de inversión extranjera ha recibido de todos los países vecinos y eso es preocupante, porque nosotros tenemos las mismas capacidades que el resto, tenemos mucha minería, tenemos gas y petróleo”, aseguró Sánchez.

Pero el tema se hace más complicado desde el punto de vista de los empresarios privados, sobre todo después de la nacionalización de fin de año, de las distribuidoras electicas de La Paz y Oruro, que nunca fueron propiedad del Estado, por lo que marcan una nueva fase en las nacionalizaciones que hasta ahora habían sido tildadas de recuperación de empresas que antes pertenecían al Estado.

Según Página 7 el año pasado circuló en los movimientos sociales Un anteproyecto de Ley de Inversiones que sugiere que las empresas que quieran que se les garantice estabilidad en sus inversiones, paguen una alícuota adicional de 2,5% por el Impuesto a las Utilidades.

De esa manera las empresas terminarían pagando anualmente 27,5% de tributo a utilidades; la tasa vigente es 25%.

Según el anteproyecto, de esta manera se garantizará que los contratos no sean afectados por cualquier nuevo impuesto que se establezca luego de su firma. A su vez se dará estabilidad en los regímenes de promoción de exportaciones, entre otros.

No se dice nada de si esta alícuota protegería una inversión del riesgo de nacionalización. Tampoco se especifica si este cobro adicional protegería a una empresa o una inversión de avasallamientos o tomas de propiedad que son robos y asaltos en los que la policía y las autoridades nacionales protegen a las empresas por razones políticas.

Según Siglo 21 los asaltantes de propiedades mineras agrícolas, también conocidos como avasalladores, están siendo favorecidos por un sistema en el que lo “peor” que les puede pasar a estas empresas es recibir el pago de los propietarios legales, en una tarifa que en los últimos meses del año pasado llegó a duplicar la de principios de año.

Lo “mejor” que les puede pasar es quedarse con los predios urbanos o rurales tomados, porque los podrán vender muy bien a empresas especializadas en el rubro, con abogados tan avezados como los “extorsionadores”.

Hay un desenlace intermedio: que los avasalladores terminen siendo socios del Estado, como los casos de las minas Colquiri y Mallku Qota, lo que les obliga a fingir que sólo querían conseguir un puesto de trabajo.

 

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