Ayer se anunció que YPFB registró un nuevo record de exportación de gas natural al Brasil. Con un promedio diario de 31,6 MMm3d.

En el tema del abastecimiento interno ayer surgieron algunas dudas. La Plataforma Energética del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), presentó un análisis interesante sobre el mercado interno del GLP el gas que se vende en Bolivia en garrafas.

El GLP cubre el 45% del consumo residencial en el país, tomando en cuenta “cantidad de energía”, en tanto que la biomasa (es decir leña de arboles) representa el 31%, ésta es empleada en el área rural, la electricidad el 20% y el gas natural tan sólo el 2,7%, detalla el estudio.

“El hecho que la biomasa represente un tercio del consumo residencial nacional –y que la tendencia no haya variado en los últimos diez años– es señal inequívoca de que los problemas ligados a la gestión de la cadena de producción y distribución del GLP, principalmente para las áreas rurales, no han recibido la atención que merecen de parte del Gobierno”, señala el documento.

A demás del problema del abastecimiento del mercado interno, el estudio plantea también otro tema.

Bajo el título de “Paradojas de una curiosa nacionalización” el CEDLA pregunta “¿cómo se justifica que habiendo importado GLP a un costo de US$1.145 la tonelada métrica se pretende exportarlo a US$750 la tonelada?”

Según datos de YPFB, entre enero del 2011 y septiembre del 2012, la producción nacional de gas licuado de petróleo (GLP)  dejó como saldo un superávit, es decir que se producía más de lo que se consumía, pero igual YPFB importó el combustible de consumo masivo.

Sin embargo, YPFB había seguido importando GLP. ¿Extraño? La explicación sería que se buscaba crear una reserva.

El análisis del CEDLA plantea que: “Si mantener las importaciones, a pesar de que la producción nacional excede al consumo, hubiese tenido el objetivo de generar el superávit mencionado para crear una ‘reserva’ de GLP, destinada a enfrentar posibles contingencias, ¿cómo se justifica la intención de exportar la reserva?”.

Más aún “¿cómo se justifica que habiendo importado GLP a un costo de US$ 1.145 por tonelada métrica se pretende exportarlo a US$ 750 la tonelada?”

Este sería uno de esos casos de contratos lesivos al estado, ya que YPFB es una empresa estatal.

YPFB está de mala racha en estos días. El Deber de Santa Cruz publicó hoy una serie de denuncias en el tema de la separadora de líquidos de Rio Grande.

El costo de la planta separadora de líquidos de Río Grande registra un aumento de US$ 9 MM en medio del anuncio de la estatal YPFB de inaugurarla el 10 de mayo.

La primera adjudicación se dio en 2008 a la firma Catler Uniservice por un monto de US$ 86,3 MM en la que, supuestamente, se evidenció un fraude en la licitación que desembocó en 12 años de cárcel para el extitular de YPFB Santos Ramírez, ex segundo hombre fuerte del MAS.

La segunda, se dio en 2010 al adjudicarse la obra a la firma Astra Evangelista (AESA) por US$ 159,4 MM y ahora el monto se elevó sorpresivamente a US$ 168,4 MM.

Sin embargo, la cifra final puede crecer hasta US$ 221 MM, pues el 21 de marzo de 2011 el ex gerente general de la separadora Gerson Rojas (involucrado en presunta corrupción y hoy detenido en Palmasola) solicitó al titular de YPFB, Carlos Villegas, aprobar un presupuesto adicional de US$ 62 MM para cubrir un ítem de otras construcciones.

Con ello, el total puede llegar a US$ 221 millones, casi tres veces más del monto fijado inicialmente.

El manejo de YPFB podría resultar en más demandas por contratos lesivos al estado.

 

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