Las exportaciones de materia primas Agrícolas siguen enfrentado trabas internas a pesar de loa altos precios en los mercados internacionales.

En el segundo semestre de 2012 el precio de los principales granos y cereales han aumentado significativamente. A pesar de una fuerte caída de 20% a partir de septiembre, la soya sigue con una cotización 30% más alta que hace un año. El maíz también ha subido en 30% su cotización con respecto al año pasado, mientras que el trigo está 40% más caro que hace un año. Sólo el azúcar ha perdido 19% de su valor con respecto al año pasado.

Según El Día de SC, es una situación paradójica. Pese a la bonanza económica que se pregona, el sector exportador está alarmado porque el año que se cierra los productores conjuntamente los industriales del sector agrícola se quedarán con gran parte de sus productos sin poder exportar. Todo debido a la tardía liberación de los permisos de exportación, y por consiguiente, la imposibilidad de sacar sus productos hacia las fronteras por falta de medios logísticos de transporte. Esto sucede con la soya, el arroz y el azúcar.

Los productores critican la acción del Gobierno que con el propósito de precautelar el mercado interno ha postergado al extremo de que el país pierda la cuota américa de las 12 mil toneladas, tal es el caso del sector azucarero. “El Gobierno ha soltado los permisos de un momento a otro para todos. Eso ha creado enormes dificultades”, dijo Carlos Rojas, presidente del Ingenio Guabirá.

En respuesta a las demandas de los cañeros el Ejecutivo a través del viceministro de Comercio Interno y Exportaciones, Huáscar Ajata Guerrero, respondió ayer desde La Paz, diciendo que hay aun autorización para exportar medio millón de quintales.

Dado que hay un excedente de 4 millones, es difícil para los azucareros hacer contratos de venta en el exterior si no se sabe quien será quien exceda el monto y se verá imposibilitado de hacer el envió y cumplir con el contrato.

Y este es un punto importante, al momento de definir cuotas, para la venta son los contratos de exportación los que sufren. Las empresas invierten tiempo y dinero en logra contratos con compradores , pero las condiciones de falta de seguridad jurídica dentro del país hacen que estas negociaciones sean muy difíciles.

Básicamente las empresas nacionales no pueden comprometerse a hacer envíos porque no tienen la seguridad de lograr el permiso de exportación.

Este es un tema que lo conocen también los compradores y es perjudicial para las negociaciones, ya que las empresas bolivianas están en desventaja; esto significa que los precios que logran son menores inclusive si un comprador llega a estar interesado, sabiendo que es probable que los bolivianos no puedan entregar el producto.

En relación a la seguridad jurídica, Página 7 asegura que: El empresariado nacional espera que el Gobierno tome en cuenta sus sugerencias en la nueva Ley de Inversiones, la que se prevé tendrá una proyección de 20 a 30 años.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Óscar Calle, explicó ayer que el sector remitió una propuesta al Ejecutivo para que sea analizado en la comisión técnica, de la que participan técnicos del Gobierno y del sector privado.

“Como Cámara de Comercio hemos presentado un proyecto bastante elaborado que esperamos sea la base para que se desarrolle una ley de inversiones, acorde a las necesidades del país, acorde a las necesidades de crecimiento de este país y la posibilidad de atraer inversiones extranjeras fundamentalmente para desarrollar más empresas, más empleos”, afirmó.

En una anterior ocasión, el sector había explicado que la Ley de Inversiones debería garantizar el respeto a la propiedad privada, la libre empresa, igualdad entre inversionistas nacionales y extranjeros e incentivos a la producción, entre otros.

Según Los Tiempos, la respuesta de los empresarios al plazo fijado para la aprobación de la nueva ley de inversiones el 15 de diciembre es negativa.

“creemos que no deben haber plazos; pero abogamos porque se llegue a consensos a la brevedad posible”, sostuvo ayer el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC), Jaime Ponce.

“Las leyes de inversiones y de bancos deben dar certidumbre a todas las iniciativas de inversión pública y privada en el país, para evitar avasallamientos y asentamientos ilegales en propiedades agrícolas o mineras, como está sucediendo actualmente”, sostuvo.

Comentó que ante la falta de seguridad jurídica, muchos inversionistas extranjeros en minería, particularmente brasileños, optaron por trasladas sus inversiones a Perú, debido a que en Bolivia no se respetan los contratos y, en cualquier momento, las concesiones pueden ser ocupadas o avasalladas por cooperativistas o comunarios agrícolas. Este hecho ahuyenta la inversión, dijo.

 

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