Las pulseta electorales están empezando a tocar temas económicos que tienen repercusiones de muy amplio alcance en el país.

Según varios medios de prensa escrita en el país, el presidente Evo Morales habría advertido al electorado de La Paz que si los candidatos del MAS en las elecciones del 29 de marzo llegaran a perder, el gobierno central no les canalizará inversiones del Tesoro General.

“A nuestras obreras y obreros, a las futuras generaciones, (les pregunto) ¿cómo voy a poder trabajar por la ciudad de El Alto con la gente de la derecha? Si quieren más obras acá está Édgar Patana, si quieren más obras acá está Felipa Huanca”.

Ambos tienen denuncias de corrupción en su contra, pero estas sólo son denuncias y por lo tanto se presume su inocencia.

Los opositores han criticado lo que llaman “chantaje” presidencial y, tengan o no razón, el tema de fondo sigue siendo la necesidad que tiene el país de contar con leyes precisas que garanticen a las regiones recibir los recursos que necesitan.

La oportunidad, como se sabe, era el Pacto Fiscal, pero debido a que los ingresos por la exportación de gas natural se anuncian muy disminuidos, el gobierno ha optado por postergar el tratamiento de ese instrumento que iba a facilitar las cosas.

Según el portal Eju.tv, Leonilda Zurita, alta dirigente del Movimiento Al Socialismo, adelantó que ese criterio mencionado por el presidente Morales para La Paz y El Alto se aplicará en todo el país.

“Si la derecha nos gana en cualquier región, no van a tener proyectos“, dijo Zurita.

Pensando en el futuro a partir del presente se tendría que aceptar la necesidad de un sistema legal de asignación de recursos que ningún funcionario público pueda violar con éste u otro tipo de argumentos y en oportunidades electorales o no.

La ley es muy clara en cuanto a amenazas electorales.

Ley de Régimen Electoral

LEY Nº 026

LEY DE 30 DE JUNIO DE 2010

EVO MORALES AYMA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Artículo 238. (DELITOS ELECTORALES). Constituyen delitos electorales los siguientes actos y omisiones:

C) Coacción electoral. La servidora pública o el servidor público electoral, policial, militar o persona particular que coaccione, atemorice o ejerza violencia en contra de subalternos de su dependencia o de cualquier ciudadana o ciudadano, para que se afilien a determinada organización política o voten por determinada candidatura en un proceso electoral u opción en un referendo o revocatoria de mandato, será sancionada o sancionado con pena privativa de libertad de uno (1) a tres (3) años. Además, si la autora o el autor fuera funcionaria pública o funcionario público, será sancionada o sancionado con la destitución del cargo, sin que pueda ejercer otra función pública por un tiempo de tres (3) años.

Que sí dijo o no dijo y quién lo dijo es un tema para los juzgados, pero el entredicho pone en evidencia una falencia en el manejo de la economía y los recursos de las regiones y los muncipios.

El presupuesto 2015 presentado por el ministro de economía Luis Arce Catacora, no incluye previsiones de preferencias electorales, en La Paz o El Alto o ninguna otra región, para asignar los recursos económicos de los Bolivianos.

El ministro de Economía, Luis Arce Catacora, desmintió el 31 de octubre pasado al presidente y negó que Bolivia estuviera prestando dinero a tres países de la región. Esta podría ser la vía para una nueva aclaración sobre cómo se define el destino del dinero de las regiones y los municipios.

 

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