Esta semana y el mes de noviembre terminan con la atención del país concentrada en un sólo tema, el caso Ostreicher.

Ayer ocho personas más, entre ellos cinco fiscales y un juez, fueron incluidas como denunciadas en las investigaciones del caso Ostreicher.

Desde el punto de vista económico el caso es importante porque muestra un ejemplo de los peligros que esperan a los inversionistas en el sector agrícola de Bolivia.

La corrupción, el abuso de poder y la falta de institucionalidad en el sistema judicial, es un factor más que se suma a la lista de desincentivos para la inversión en el país. Es el tema de la seguridad jurídica, o mejor dicho, la falta de seguridad jurídica, que nuevamente sale a espantar a los inversionistas.

Es un argumento que ahora se presenta en el sector del agro hasta ahora los mayores conflictos en el tema de la seguridad jurídica se dieron en el sector minero donde se han denunciado más de 200 avasallamientos.

En el caso de la minería hubo muertos, hay juicios internacionales pendientes, se recurrió a nacionalizaciones, y esto sólo en el caso de los avasallamientos. La falta de seguridad jurídica también llevo a que la Jindal, que había sido contratada para que Bolivia produzca acero en el Mutún, se retire, pues el estado no pudo cumplir con entregar las tierras para la operación.

Más grave aún, Bolivia no pudo cumplir con la constitución que ordena la prioridad del uso de los hidrocarburos en proyectos de consumo interno. El Mutún es ahora 100% estatal y se importara carbón porque Bolivia no tiene gas para el consumo interno.

Todo esto está directamente relacionado a la falta de seguridad jurídica, el caso Ostreicher, es sólo uno de los escenarios que espanta a los potenciales inversionistas en el sector agrícola.

Los datos de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), señalan que son 52 las propiedades avasalladas por los campesinos, por lo que piden al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y al Gobierno central intervenir para desalojarlos a los avasalladores que están saqueando las propiedades adueñándose incluso de semillas, forraje y otras vituallas.

En el caso de las 16 operaciones dedicadas a la ganadería el caso es aun peor pues los animales están desapreciando.

Ministro de Gobierno, Carlos Romero, se reunió de urgencia este jueves con el sector agropecuario oriental debido a los constantes avasallamientos de sus tierras. Sin embargo, este es un tema que debería ser tratado por la justicia ordinaria.

Por alguna razón en Bolivia cuando un ladrón entra en a la propiedad de una empresa y empieza a saquearla, los empresarios llaman al ministro, y no a la policía.

Además de los problemas de falta de seguridad jurídica, los empresarios del agro ahora han alertado sobre una nueva amenaza a la producción de alimentos.

Como si la prohibición a las exportaciones y el congelamiento de precios no fuesen suficientes, ahora el sector empresarial exportador ve con preocupación el eventual ingreso de Bolivia al Mercado Común del Sur (Mercosur) debido a que significaría que Bolivia debe retirarse de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que es el principal mercado para la producción agropecuaria y agroindustrial de Bolivia. Lo dice el presidente de la Cámara de Exportadores, Wilfredo Rojo.

Según la prensa nacional el empresario hizo estas declaraciones en boletín institucional a tiempo de subrayar el efecto negativo de ser miembro pleno del Mercosur, ya que países como Brasil, Argentina y Paraguay son competencia directa de la producción nacional, con economías de escalas mayores a las nuestras.

La competencia es saludable en la economía, pero en este caso no es una competencia de igual a igual, es una competencia donde la industria agrícola boliviana tiene muchas desventajas para competir con gigantes como Brasil. El problema de debe ser la competencia, el problema es la competencia desigual.

 

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