El viceministro de Cooperativas, José Luis Chorolque, señaló que el 30 % de 1.666 (500 asociaciones) afiliadas a la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) operan de forma ilegal.

Las cooperativas no tienen su personería jurídica para realizar actividades mineras, pero a pesar de esa condición ya se encuentran explotando minerales, argumentó.

Además, varias cooperativas mineras no se encuentran afiliadas a la Fencomin (Federación de Cooperativas Mineras) sino que inician sus operaciones simplemente con la autorización de una determinada comunidad.

La ilegalidad en el sector minero es un perjuicio para la economía nacional.

Hay otros conflictos mineros actualmente que ponen en evidencia o al menos en forma de denuncia la manipulación del sistema legal por parte de miembros del partido de gobierno.

Según una nota de La Prensa de la Paz, La diputada oficialista Gladys Vargas Escóbar de Huallpa, socia fundadora de la cooperativa minera Palma Flor, solicitó mediante carta la intervención de autoridades de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) para que frenen la explotación aurífera, supuestamente desarrollada por la cooperativa Ullakaya Condorini, cerca de Arcopongo, en La Paz.

Precisamente una zona en la que un enfrentamiento entre ambas cooperativas dejó tres muertos y varios heridos.

De acuerdo con la documentación a la que accedió La Prensa, la cooperativa Palma Flor se fundó el 13 de marzo de 2013.

El 10 de julio de 2013, el viceministro de Empleo y Servicio Civil y Cooperativas, Tiburcio Aguilar Marquez, envió un instructivo al director general de Cooperativas, Juan Sejas Flores, para que en forma excepcional conceda personería jurídica a Palma Flor.

El documento señala que pese a que todos los trámites ante la Comibol y el Servicio Geológico Técnico de Minas (Sergeotecmin) se encuentran paralizados, “se instruye que de forma excepcional y por emergencia de los compañeros de la Cooperativa Minera Aurífera Palma Flor Limitada, se emita la Resolución Administrativa de Personería Jurídica”.

En el mismo instructivo se lee que “los compañeros” regularizarán su documentación cuando se promulgue la nueva Ley de Minería y Metalurgia.

Todo esto sería evidencia de tráfico de influencias o al menos de ilegalidad dado que Galdys Vargas no podría, por ley, ser parte de esta cooperativa.

La jefa de la bancada oficialista de Diputados, Flora Aguilar, dijo que su compañera Galdys Vargas se encuentra delicada de salud. Y hasta ahora no ha hecho declaraciones.

Pero este es sólo un caso de ilegalidad en el sector. Hay muchos más como los avasallamientos que inclusive entes de que se promulgue una ley contar a los avasallamientos ya era ilegal.

Ahora la nueva ley de minería podría regularizar todos estos casos.

 

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