Esta semana como la semana pasada estará dominada por el escándalo del sistema judicial y hay algunas noticias económicas que serán enterradas y podrían pasar desapercibidas porque la mirada del país esta puesta sobre los oscuros casos de corrupción, extorción y manipuleo de la justicia que van saliendo a la luz con el caso Ostreicher y ahora el caso terrorismo, los exiliados en Brasil, arroceros y más.

Uno destos temas que podrían pasar desapercibidos es mencionado hoy por El Día de SC, que advierte que: Para el 2013 las  empresas estatales  recibirán el 48% del Presupuesto General del Estado (cerca de 86.000 millones). Además, el gasto corriente en bienes y servicios destinando para estas compañías presupuestado para esta gestión será de Bs 39.321 millones. Mientras tanto, el presupuesto vigente para el sector de Salud y Educación será de solo Bs 24.998 millones.  

En el presupuesto del año 2005 el gasto en empresas estatales representaba un 23% de la programación presupuestaria. Para el 2013 el desembolso representa el 75% del gasto corriente en bienes y servicios.

Este tipo de noticias sobre el manejo dudoso de las cuentas del estado se pierden en la ola de noticias sobre la extorción e injerencia en el sistema judicial.

Desde el punto de vista de la inversión hay otro tema que está relacionado con el escándalo. Según Siglo 21 es el tema de la seguridad jurídica que se ha visto golpeada por el escándalo judicial.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y la Asociación Boliviana de Bancos están molestas con el tratamiento de la ley de inversiones y la ley de bancos que el gobierno quiere aprobar en estos días.

Seguridades jurídicas: Los ejecutivos de esas dos organizaciones han hecho saber que el gobierno no está cumpliendo con el ofrecimiento de consensuar los textos de esas leyes con los sectores interesados.

La semana pasada, El Diario de La Paz hizo saber que el proyecto de Ley de Inversiones que ha elaborado el gobierno no incorpora el concepto de “seguridad jurídica” como algo central. Se lo dijeron dirigentes de la CEPB.

Lo curioso es que el gobierno ha demorado siete años en elaborar esa ley y ahora resulta que no incluye un concepto esencial, que está incluido en todas las observaciones de organismos internacionales e inversionistas particulares.

Calificaciones externas: También es curioso que cuando están en debate estos temas tan sensibles, algunos organismos internacionales, como la Fundación Getulio Vargas, hayan dicho que el clima boliviano para atraer inversiones ha mejorado, si resulta que no hay una ley de inversiones.

Analistas del sector económico han opinado que estas visiones podrían tener que ver con las positivas calificaciones de Moody´s y Standard & Poors, hechas unos días antes del lanzamiento de los bonos soberanos por US$ 500MM.

Silencio empresarial: Pero la semana pasada, las principales organizaciones empresariales dijeron que no se pronunciarían sobre el tema de las leyes en preparación hasta que el gobierno no cumpla con el compromiso de consultarlas.

En respuesta a este anuncio, el gobierno hizo saber que se propone llevar adelante las consultas pero al mismo tiempo anunció que tiene la intención de aprobar las leyes antes del 15 de diciembre.

Invasiones ilegales: Estos anuncios se hacen cuando la Cámara Agropecuaria del Oriente denuncia que 52 propiedades privadas fueron invadidas en las dos últimas semanas por presuntos “indígenas” sin tierra.

Por otro lado, los empresarios de Cochabamba insisten en afirmar que en los dos últimos años las tomas violentas de minas en producción llegan a 200 propiedades.

Es a este tipo de hechos que se refieren los dirigentes de las organizaciones de empresarios cuando dicen que es preciso contar con “seguridades jurídicas”.

 

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