Ayer se promulgó la ley minera tras ocho años de ser anunciada. Finalmente Bolivia tiene un marco legal para el sector minero.

El limbo jurídico que se dio con la falta de esta ley durante los últimos 8 años ha sido muy perjudicial para el país y el sector minero. En este periodo, el mundo de la minería se ha transformado, como nunca en la historia.

En el pasado, en tiempos de guerra o de conflictos aislados los precios de los minerales subían, uno o dos metales a la vez. En los últimos 8 años los precios de casi todos los metales subieron de forma generalizada.

Esto sumado a la crisis financiera de los países desarrollados, generaron una situación en la que los grandes inversionistas mundiales buscaban donde invertir.

El sector de las materias primas y específicamente la minería recibieron enromes cantidades de inversión para desarrollar prospecciones, encontrar nuevos yacimientos e instalar operaciones millonarias.

Pero no en Bolivia. En Bolivia durante este periodo, las inversiones en minería se mantuvieron alejadas, primero por el riesgo de nacionalización, pero luego por la falta de seguridad jurídica.

El estado no puede garantizar a una empresa que sus inversiones mineras no serán asaltadas por grupos armados con dinamita que robaran maquinaria y minerales. De hecho algunas minas asaltadas fueron nacionalizadas y luego entregadas a los asaltantes como en Mallku Qota.

Esta situación mantuvo a Bolivia en la lista de los lugares en los que no es seguro invertir, durante el periodo del “súper ciclo” en el que en el resto del mundo se hicieron enormes inversiones en minería.

Ahora que el boom en las inversiones mineras a nivel mundial se terminó, Bolivia finalmente tiene una ley minera, que en teoría podría dar algún tipo de seguridad a las inversiones.

Al promulgas la ley ayer en Oruro, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera garantizó millonarias inversiones en vetas mineras ricas del país y planteó como prioridad la consolidación de la industrialización de minerales.

Para las inversiones garantizó hasta US$200MM para que el Estado seleccione las mejores vetas mineras de Bolivia para producir mineral.

Pero el problema del asalto a las minas aun no está resuelto. La ley contra los avasallamientos, sigue siendo un saludo a la bandera, como lo dijo en marzo el presidente de Federación Regional de Cooperativistas Auríferas (Ferreco) de La Paz, Edmundo Polo.

Al mismo tiempo en el que se firmaba la ley, había y aun las hay, dos minas en conflicto armado, con 3 muertos. Y unas 400 minas avasalladas.

Tanto García Linera como el ministro de Minería, César Navarro, y el máximo líder de los cooperativistas mineros, Alejandro Santos, coincidieron en que el reto del país es industrializar hasta el 2025 para exportar minerales con valor agregado.

Esto lo hemos escuchado antes, sobre el Mutún. En 2007 el gobierno actual invitó a una empresa a explotar el mayor yacimiento de hierro del país, pero al final la empresa se fue porque Bolivia no tiene suficiente gas natural para la industrialización. Un tema que se pasa por alto cuando se habla de industrialización.

 

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