La actividad económica informal emplea al 70% de los trabajadores en Bolivia. Esto lo aclaró el ministro de economía y finanzas Luís Arce Catacora cuando defendía el doble aguinaldo.

El argumento era que no afectaría a la inflación porque sólo lo recibiría el 30% de los trabajadores que son los que pertenecen al sector formal.

Este 70% de la población que trabaja en el sector informal se divide, en proporciones desconocidas, entre el sector legal y el ilegal.

Aunque de alguna manera u otro están todos en la ilegalidad pues las leyes del país dicen que todos los trabajadores deben estar registrados y deben hacer aportes al sistema de jubilación por ejemplo.

El hecho de que sean mayoría los informales o ilegales les da una importancia especial con la proximidad de las elecciones.

El mes pasado, el dirigente de El Alto, Tomás Quispe, propuso al Gobierno nacional pagar impuestos por la venta de ropa usada para ingresar al mercado formal, pese a que esa actividad está prohibida desde 2007.

Es una propuesta interesante pues muestra una aspiración a la legalidad de parte de los informales.

Según Los Tiempos de Cochabamba,Vendedores y representantes de ropa usada de todo el país se concentran desde ayer en Oruro, con motivo de un congreso nacional, y realizaron una marcha por la ciudad en demanda de la libre importación y comercialización de ropa a medio uso.

En el congreso nacional, los movilizados elegirán a su nueva directiva y definirán medidas de presión para conseguir que el Gobierno abrogue el decreto supremo que prohíbe la internación de ropa usada.

“Es nuestra fuente de trabajo y por eso lo estamos defendiendo, y ahora más que nunca con esta marcha nacional que vamos a tener hacia La Paz”, dijo la representante de base de Potosí, Gloria Vásquez a radio Pío XII.

Franco Lima, representante de base de Santa Cruz, dijo que la población compra los productos usados y que su sector buscará estrategias para lograr que el Gobierno anule la prohibición de esa mercadería.

“Nosotros somos unos 40 mil gremialistas y por eso pedimos que se respete nuestra fuente de trabajo”, señaló.

Los representantes proponen en el Congreso realizar una marchar hacia la ciudad de La Paz para pedir audiencia al presidente Evo Morales y abordar el tema.

El resultado será importante para toda la economía nacional informal; Los dueños de autos chutos son por lo menos 44.000 y también exigen formalizarse y pagar impuestos.

Los productores de coca del Chapare que técnicamente son ilegales también exigen que se cambien las leyes para pertenecer al sector formal.

Todos marcan una delgada línea entre lo informal y lo ilegal y piden ser reconocidos por el estado.

Los cooperativistas mineros han demostrado que con una masa crítica de 150.000 trabajadores y votantes pueden lograr leyes a favor de un sector que suele asaltar propiedades ajenas.

Los informales podrían apuntar a este número para hacer presión.

 

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