La demanda de la Jindal, la ex socio del Estado para la explotación del yacimiento de hierro del Mutún, se ha complicado para Bolivia.

Página Siete de La Paz: La Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) del Estado tendrá  que pagar al menos 3.000  dólares al día de intereses mientras no cumpla con el pago de  los 22,5 millones de dólares fijados por una corte internacional, como indemnización a Jindal por la ejecución de sus boletas de garantía en el Mutún, informó ayer el abogado Jorge Valda.

Los Tiempos de Cochabamba: El Estado boliviano y la empresa Jindal Steel Bolivia (JSB) reconocieron el arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) de París para resolver sus diferencias en caso de una controversia, con base en un acuerdo suscrito entre la compañía india y la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) el pasado 18 de julio de 2007.

“El arbitraje se llevará a cabo de conformidad con el procedimiento y el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI)”.

El procurador del Estado, Héctor Arce, y el exministro de Minería José Pimentel pusieron en duda la competencia de ese tribunal arbitral en días pasados. El actual ministro Cesar Navarro y varias autoridades han negado la validez del fallo de la CCI (Cámara de Comercio Internacional) con el argumento de que este organismo no tiene jurisdicción.

El pasado lunes, EL ministro de economía Luís Arce dijo que “Bolivia nunca dio su consentimiento oral, ni escrito para someterse a arbitrajes administrados por la (Cámara de Comercio Internacional) CCI-Paris” y que “sin consentimiento no hay jurisdicción”, según el portal de la Procuraduría General del Estado.

El texto del contrato que cita a la CCI (Cámara de Comercio Internacional) como árbitro pone en evidencia la falta de conocimiento del contrato por parte de algunas autoridades.

Otro tema importante es ahora el hecho de que Fuentes de la Jindal aseguran que se ha iniciado un segundo arbitraje ante la CCI (Cámara de Comercio Internacional), buscando la compensación de aproximadamente $us 100 millones.

Esta demanda no es por una boleta de garantías sino por las faltas al contrato ya que el Estado Boliviano se habría comprometido a abastecer de gas natural a la nueva industria en el Mutún. Algo que YPFB no pudo cumplir por no incumplir sus contratos con Brasil y Argentina.

Esto a pesar de la Constitución Política del Estado que dice explícitamente que se debe dar prioridad a los proyectos de industrialización en el país, antes de abastecer los contratos de exportación.

Es importante entender que la Jindal fue invitada a Bolivia en 2007 y el gobierno boliviano le prometió gas natural para instalar la siderurgia. Este proyecto fue muy publicitado, pues representaba la industrialización, y la generación de valor agregado usando materias primas bolivianas como el hierro y el gas.

Todo se vino abajo cuando YPFB admitió que no tiene suficiente gas natural como para cumplir con lo que necesitaba para la siderurgia.

El tema está ahora ante la CCI (Cámara de Comercio Internacional). En Bolivia el caso podría también llegar a las cortes por daño económico el Estado y por violar la constitución. Por ahora la contraloría y la fiscalía no se han pronunciado.

 

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