La prohibición a las exportaciones es uno de los puntos importantes de las exigencias de los productores agrícolas del país y fue mencionado en la cumbre agrícola.

La respuesta del gobierno fue clara y consiste en afirmar que cuando el mercado interno este satisfecho entonces s podrá exportar. Es decir que no se logró negociar el tema.

Las razones de los potenciales exportadores son muy claras desde el punto de vista académico en el que la existencia de mercados alternativos incentiva la producción.

Uno de los problemas de cerrar los mercados es que se daña a la producción pero sobre todo a la productividad. El mercado nacional ha estado creciendo pero no tiene punto de comparación con el mercado internacional, en cuanto a requerimientos de calidad ni de eficiencia y por supuesto tampoco en volumen.

El efecto negativo de tener un sector productivo enclaustrado es bien conocido en Bolivia por nuestra condición de país mediterráneo y ocasionalmente por los paros de transporte que bloquean las vías y salidas de la producción nacional al exterior. La prohibición a las exportaciones es un enclaustramiento auto impuesto.

Los productores de pollo de Bolivia ahora ilustran otro de los problemas para la producción nacional.

Rodolfo Tonelli, presidente de la Asociación de Avicultores de Santa Cruz (ADA), ha manifestado que la caída del precio desincentiva a los productores, situación que se puede revertir a través de una autorización para exportar carne o productos derivados del pollo.

“En estos momentos hay mayor producción que consumo (40 kilos per cápita), entonces vemos que la única forma de salir de esta situación para evitar pérdidas es exportando carne de pollo o embutidos a base de carne de pollo; así conseguiremos un precio aceptable para ambas partes (consumidor y productor)”, afirmó Tonelli.

Esto contrasta con las declaraciones del el viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Eugenio Rojas, quien dice que buscará aumentar la producción de alimentos en 3MM de toneladas, aunque no dijo cómo se logrará ese resultado.

Un tema importante que tuvo resultados en la cumbre agropecuaria es el del cronograma y los plazos para ejecutar el control de la Función Económica Social (FES).  Finalmente se decidió ampliar de dos a cinco años el plazo para practicar ese control, esto permitirá a los productores acceder a créditos, y hacer otro tipo de previsiones. Pero sobre todo se brinda algo de seguridad jurídica.

En seguridad jurídica el tema que no recibió la atención que merece fueron los avasallamientos.

El vicepresidente, Álvaro García Linera, dijo que la ampliación de la plazo de Función Económica Social supone dar una oportunidad a los medianos y grandes agropecuarios, y mencionó el compromiso para que en esos cinco años se produzca más y no se utilice la ampliación “para el engorde de tierra ociosa e improductiva”.

Los mensajes siguen siendo mixtos ya que se pide e los empresarios más inversión pero se restringen sus mercados.

 

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