La minera Chinalco Perú, de capitales chinos, ampliará su inversión en el proyecto cuprífero Toromocho, ubicado en la región central de Junín, a US$ 4.800 MM, según informó el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino.

“Esta es una buena noticia para este proyecto que, a partir de diciembre, nos va a dar 300.000 toneladas finas de cobre nuevas al año. Estamos con 14.000 trabajadores que trabajan en la construcción de este proyecto, que cumple todos los requisitos que queremos en el Perú para una minería responsable”, afirmó Merino según un comunicado del ministerio.

Toromocho será una mina de tajo abierto que tiene una reserva de 1.526 MM de toneladas de mineral y en sus 36 años de vida de operación se estima que producirá 1.838 toneladas diarias de concentrado de cobre y 25,7 toneladas diarias de óxido de molibdeno, según datos de Chinalco Perú.

La inversión anunciada es entonces de US$ 4.800 MM. Y esto en un solo proyecto minero. Perú ha estado implementando una política muy clara en cuanto a la minería desde hace ya dos gobiernos.

La política es la de atraer inversión al sector y lo ha logrado con reglas claras para las inversiones en el sector. Reglas claras y el respeto a las empresas que llegan a invertir en  el sector en ese país.

Los resultados son claros y esta última inversión anunciada se suma a otros proyecto que juntos suman más de US$50.000M en inversión en minería que están comprometidos en proyectos durante los próximos 10 años. Esto se ha logrado en los últimos siete años con la intención e aprovechar al máximo el súper ciclo de las materias primas, es decir los altos precios que estas han registrado en los últimos 9 años.

El contraste con lo que pasa en Bolivia es enorme. En Bolivia las reglas no están claras para las empresas que buscan invertir en minería. La ley de minería lleva 7 años en su elaboración.

7años en los que Bolivia ha pasado a ocupar un posición dad vez más baja en el ranquin de países en los que las empresas mineras están interesadas en invertir.

Actualmente según el instituto Fraser de Canadá que entrevista anualmente  a 800 altos ejecutivos de las mayores empresas mineras del mundo, Bolivia ocupa el último lugar del mundo en cuanto a respeto de la propiedad y los derechos de explotación minera.

Los avasallamientos que ya están por los 300 desde el inicio del super ciclo, no sólo que no han sido frenados por las autoridades sino que han sido alentados apoyados y justificados por la autoridades. Se trata de la toma ilegal de operaciones mineras, muchas veces la toma ilegal, violenta y armada de operaciones mineras.

Antes de ayer se firmo un decreto, el 1619, que entrega una concesión de la empresa minera Himalaya a la Cooperativa Minera Cerro Negro.

Según la compañía, la determinación adoptada por el Gobierno, en los hechos, “representa el incumplimiento, la violación del contrato y la consolidación y legalización del hecho ilícito de avasallamiento de la mina Himalaya, perpetrado en octubre de 2007 por alrededor de 200 comunarios, que posteriormente se rearticularon con la extinta Cooperativa Minera Cerro Negro Limitada”.

La empresa  se refiere a que después del avasallamiento la mina fue nacionalizada y ahora este yacimiento ha sido transferido a los avasalladores. Esto a pesar de que la minería cooperativa es más de 30 veces menos eficiente en la explotación de yacimientos mineros que las empresas privadas y no paga impuestos ni regalías como lo hacen las empresas privadas.

En cuanto a exploración, las cooperativas sólo usan el avasallamiento de yacimientos encontrados por empresas privadas.

 

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