Ayer en la noche la empresa española Repsol anunció que aceptaba la compensación de US$5.000MM ofrecida por Argentina por la expropiación del 51% de las acciones que poseía en YPF. El convenio está sujeto a la ratificación de la junta de accionistas de la compañía española y del Congreso argentino.

La petrolera española aprobó recibir un pago de US$ 5.000 millones en títulos de deuda soberanos como compensación por la expropiación, aunque el Poder Ejecutivo de Argentina se comprometió a emitir hasta US$ 1.000 millones adicionales en caso de que caiga la cotización de los bonos en el mercado secundario.

Así se cerraría una disputa que ha puesto en evidencia los riesgos de las nacionalizaciones. Argentina tuvo muchos problemas a cusa de esta expropiación. La empresa española le ha seguido juicios internacionales a las empresas que decidieron invertir en proyectos con YPF.

Esto hace que sea muy caro y difícil encontrar socios para trabajar en el sector hidrocarburos en Argentina.

Las relaciones con lo que pasa en Bolivia son múltiples. Por un lado el nuevo acuerdo abre las posibilidades exploración y explotación de campos en Argentina que es uno de los dos clientes que tiene Bolivia en la venta de gas natural.

Otro efecto importante es el de las expectativas de las empresas nacionalizadas en la región cuando se trata de compensaciones.

Ayer también La española Transportadora de Electricidad (TDE), recaló finalmente en una demanda arbitral contra del Estado boliviano por un monto de US$ 165 millones.

Bolivia ya enfrenta varios de estos reclamos internacionales:

La minera Quibórax pide una compensación de  146 millones de dólares, Por la revocatoria de 11 concesiones mineras.
Abertis, por la nacionalización de SABSA, exige  86 millones de dólares (ver la infografía).
Pan American Energy, tras la reversión de sus acciones en la petrolera Chaco, demanda  1.496 millones de dólares.
Hace poco, La Haya emitió un fallo favorable a  la inglesa Rurelec; ordenó un pago de 28,9 millones de dólares por la expropiación de Guaracachi.

En otro tema, el de los desastres naturales:

Ante la magnitud de los daños registrados en la región amazónica boliviana por las torrenciales lluvias que dejan hasta el momento cerca de 60 mil familias damnificadas en el país, y los ganaderos hablan de 120.000 cabezas de ganado perdidas, el Defensor del Pueblo y la Iglesia Católica piden declarar a Beni, como zona de desastre natural.

El Gobierno rechazó nuevamente la posibilidad de declarar a Beni y otras regiones como zona de desastre. El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, reiteró que esta declaratoria se aplica cuando el Estado es superado por las emergencias, en este caso el Estado boliviano las está atendiendo, justificó.

Un informe del Defensoría del Pueblo concluye que la situación es de “extrema gravedad” y que no puede ni “minimizarse ni relativizarse”, ya que una gran parte de los habitantes de las zonas afectadas se encuentran en estado de “vulnerabilidad y afectación de varios de sus derechos”.

Por otro lado crece las dudas sobre si este es sólo un fenómeno natural inesperado o si es también un caso de negligencia. Varios medios diarios nacionales sostienen que existen Estudios realizados en el país hace más de seis años, que advirtieron de mayores niveles de inundación como parte del impacto ambiental que podrían causar la represas brasileñas de San Antonio y Jirau en el norte amazónico de Bolivia; sin embargo, y a pesar de que conocía los posibles efectos, el Gobierno cuestionó débilmente los proyectos y les dio luz verde.

Esta podría ser una explicación no política de por qué el gobierno se rehúsa a declarar al Beni como zona de desastre. Ya se sería equivalente a aceptar negligencia en el tema de las represas.

 

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