El ministro de Minería, César Navarro, reiteró que no permitirán enfrentamientos. Remarcó que se ha decidido cancelar los trámites de las cooperativas en la zona.

Navarro también instó al Ministerio Público a individualizar a los responsables del ataque, registrado la semana pasada en la que murieron tres personas.

Esto sólo elimina a los operadores registrados de la zona, con lo que en la realidad sólo se abre el camino a las operaciones ilegales sin registro.

Según la carta informativa Siglo 21, a pocos días de la nueva Ley de Minería, expertos  en este tema vaticinan un destino desalentador para esta actividad. Advierten que  la imparable proliferación de cooperativas en los próximos años pondrá en serio riesgo el Precámbrico de Bolivia, asentada en la gran Chiquitania cruceña y la Amazonia del país.

Desde el punto de vista del medio ambiente las pequeñas operaciones mineras en la Amazonía son destructivas pues contaminan el agua con mercurio y químicos nocivos.

A esto se suma la contaminación que genera la principal operación ilegal en la Amazonía boliviana que es el narcotráfico que afecta a medio ambiente porque primero se elimina la selva para las plantaciones de coca y luego se contamina los ríos con químicos usados para elaborar la cocaína.

El enorme daño que la minería informal y el narcotráfico causan al medioambiente o la Pachamama no es el único que afecta al país.

Estos rubros, la minería informal y el narcotráfico, están relacionados económicamente también.

Según Siglo 21, se trata del lavado de narco dólares usando el oro que extraen las operaciones auríferas ilegales.

En Colombia, en Ecuador y Perú las leyes están tratando de combatir el lavado de dinero de las mafias que usa el oro como blanqueador. En Bolivia la nueva ley minera ignora el problema por completo.

En Bolivia: se han empezado a destapar casos de negocios fraudulentos con el oro, pero sólo a partir de denuncias como la del diputado  Jaime Navarro que asegura que en 2012 de US$ 1.215 MM exportados en oro, US$1.100 MM salieron del país como amalgamas y desperdicios para evitar el pago de regalías.

Las denuncias más recientes vinculan a una diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) por Potosí, Gladys Vargas, que sería accionista de la empresa que explotaba ilegalmente el yacimiento de Arcopongo.

La otra denuncia es contra el Vicepresidente y su familia que habría comprado una mina de oro bajo condiciones sospechosas.

Las denuncias tienen un tinte político, pero aun así deben alertar sobre este millonario negocio del lavado de dólares del narcotráfico que usa el oro como herramienta.

 

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