El proyecto de  nueva Ley de Minería y Metalurgia pone un freno a   la explotación ilegal de recursos minerales y establece  sanciones  penales que incluyen   el pago por el mineral extraído, las regalías e impuestos correspondientes.

Todo esto se haría a través de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) que será la encargada de interponer las acciones legales.

El ministro de Minería, Mario Virreira, afirmó que la futura norma que regulará la actividad  permitirá un mejor  control de la minería ilegal.

La nueva ley propone sanciones penales como la obligación de restituir al Estado el valor de los minerales extraídos y de pagar regalías e impuestos.

El proyecto de ley no suena muy convincente en el medio de la minería, sobre todo de la minería corporativizada informal donde “Ajam” es más una respuesta las leyes que nos e cumplen.

En mayo de 2013, el Gobierno promulgó la Ley 367, que incorpora el delito de avasallamiento minero dentro del Código Penal y que establece una condena de entre cuatro y ocho años de cárcel para las personas que se apropien ilegalmente de algún yacimiento o comercialicen recursos minerales sin autorización de la Comibol.

Al respecto, el ministro Virreira aclaró  que los que tienen  que hacer cumplir la norma son los administradores de justicia.

El presidente de Federación Regional de Cooperativistas Auríferas (Ferreco) de La Paz, Edmundo Polo, afirmó este lunes que la Ley contra la toma ilegal de centros mineros es un “saludo a la bandera”, ya que continúan registrándose esta ilegalidad en las áreas de trabajo.

Según Polo, “Es un saludo a la bandera, porque imagínese un sector minero que se ve avasallado haga una denuncia y pretenda aplicar la ley de avasallamientos, ¿usted cree que el Gobierno o el Estado irán contra los pueblos indígenas? No. Tampoco podrá actuar contra nosotros en algún momento por cualquier circunstancia, porque las bases de este Gobierno son los indígenas y nosotros somos sus aliados “, sostuvo el dirigente.

En otro tema, esta vez relacionado al gas natural, Bolivia ya tiene listo el contrato de venta de 2,24 millones de metros cúbicos día (MMmcd) de gas natural excedente a Brasil.

Y según el Gerente de Comercialización de la estatal petrolera, Mauricio Marañón, sólo queda fijar fecha para la firma.

Pero la expresión gas natural excedente, no es del todo correcta. Según la constitución, el gas excedente en Bolivia debería ser el gas que los proyectos de industrialización en Bolivia no necesiten. Y este gas que venderá a Brasil se lo necesita en Bolivia.

Selo necesitaría por ejemplo para el proyecto del Mutún que sigue exportando tierra con alto contenido de hierro porque en Bolivia no se pueden construir hornos para fundir el metal y producir acero porque no hay suficiente gas.

Otros horno s que no tienen suficiente gas son los de la industria del cemento.

La empresa Itacamba, una empresa de capitales Bolivianos y brasileños,  ganó el derecho a invertir US$ 200MM en la nueva planta que procesará 850.000 toneladas de cemento de manera anual. Según la empresa se iniciará la construcción el 13 de mayo en la localidad de Yacuses, distante a 50 kilómetros del municipio de Puerto Suárez.

Es el único de tres proyectos de cemento en Santa Cruz que logró obtener el gas suficiente. Soboce y la empresa Minera Comunitaria Kaa Iya SA, también tienen proyectos e inclusive el capital de inversión para otras dos fabricas de cemento, pero YPFB no puede asegurar la entrega del gas que necesitan estas empresa bolivianas.

Itamcaba necesitará de 250 mil cúbicos de gas día, y aunque las los otros proyectos necesitarían una cantidad similar, YPFB está firmando un contrato de venta de 2,24 millones de metros cúbicos día (MMmcd) de gas natural excedente a Brasil.

 

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