Algunos emprendimientos empresariales surgidos en los últimos meses en el Parque Industrial de Santa Cruz y en sitios similares de Cochabamba y La Paz encuentran que las dificultades de contar con una provisión segura de energía son frustrantes y llegan a paralizar algunos proyectos.

Mientras tanto, proyectos relacionados con minería, agricultura y ganadería enfrentan problemas por la falta de seguridades jurídicas, como se refleja en las calificaciones que tiene el país en el exterior.

Un informe del diario El Deber de Santa Cruz dice: 
”Empresarios privados nacionales y extranjeros asentados en el área de influencia de los parques industriales de Santa Cruz, Warnes y Montero hablan de una floja oferta energética que dificulta las operaciones de varias unidades productivas.”

Y añade que ”a juicio de representantes de algunas compañías afiliadas a la Asociación de Empresarios del Parque Industrial (AEPI) Santa Cruz, la capitalización de fuertes inversiones del sector privado no está siendo acompañada como debe ser por las empresas llamadas a garantizar el suministro del energético.”

Hay algunos casos extremos: Se sabe que la empresa Soboce tiene en su planta de Viacha un horno que no puede funcionar desde hace tres años debido a que no cuenta con la provisión necesaria de gas natural.

Y es muy conocido el caso de la empresa Jindal, que debió partir después de haber esperado durante seis años que YPFB le garantice la provisión de por lo menos 6MM m3/d de gas natural.

Respecto de este tema, la constitución política del Estado ordena que sólo se exporten los excedentes de hidrocarburos, después de haber cubierto plenamente la demanda interna.

Según la Constitución Política del Estado, la política energética del gobierno tendría que atender primero esta demanda interna, pero por el momento en esa política siguen teniendo prioridad los planes de exportación del gas natural.

YPFB anuncia la construcción de ductos internos para llevar el gas a todo el país, pero surge el problema de la baja producción respecto de la demanda externa. La semana pasada, en efecto, la producción total de gas estuvo destinada a cubrir los requerimientos de Brasil (31MM m3/d) y Argentina (16MM m3/d), dejando un margen muy reducido para el consumo interno.

Si bien la crisis energética en Bolivia es un tema que afecta directamente a la capacidad de ejecutar inversiones: es el factor de la falta de seguridad jurídica el que es mencionado como el principal factor que impide la inversión privada en el país.

Una iniciativa reciente, por la cual se debía aprobar una ley específica contra los avasallamientos, quedó de pronto congelada. La idea había surgido del Ministerio de Minería y luego el senador Eugenio Rojas sugirió que sus efectos podían comprender incluso las invasiones de unidades agrícolas o ganaderas de Santa Cruz.

La falta de seguridad jurídica también es un incentivo a la informalidad. Según un estudio de la Cámara de Industria, Comercio, y Turismo de Santa Cruz (CAINCO). Cada año el país pierde US$3.000 MM por recaudaciones no realizadas a empresas informales.

Uno de los conceptos básicos detrás de la recaudación de impuestos es que los contribuyentes esperan que todos paguen impuestos o nadie pague impuestos.

Es también un tema de seguridad jurídica y es usado como pretexto para perpetuar la informalidad. Si, no todos pagan impuestos ¿por qué tengo que pagar yo? Está lógica es la que  según la CAINCO lleva a la pérdida de US$3.000 MM anuales en recaudaciones.

Esto hace que los esfuerzos por aumentar el universo de contribuyentes sean tan importantes. Sin duda los desafíos para el gobierno en este tema son muy grandes, sobre todo en un año preelectoral.

 

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