A seis meses de la intervención al Fondo Indígena, la interventora Larisa Fuentes concluyó, en un informe entregado ayer, que existe un presunto daño económico de más de 102 millones de bolivianos al Estado por 30 proyectos “fantasma” que nunca fueron ejecutados, pero recibieron recursos

Según ANF, En la lista de los involucrados en los 30 proyectos “fantasma” del Fondo Indígena aparecen el nombre de la exministra de justicia y alta dirigente de la organización Bartolina Sisa, Julia Ramos y tres exdirigentes afines al MAS: Roberto Coraite, Damián Condori y Adolfo Chávez, los dos últimos hoy en la oposición.

Otros casi 90 nombres de representantes legales y responsables de los proyectos también están investigados. La excandidata a la Gobernación por el MAS, Felipa Huanca, y ex dirigente campesina del MAS, aparece observada por no presentar descargos en los proyectos en los que aparece.

Estas denuncias se están convirtiendo en temas políticos. Las acusaciones por malversación en el Fono indígena ya no mencionan a la cabeza de la operación, la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo.

El tema se está politizando pero en el fondo sigue siendo un tema económico. Paradójicamente el gobierno, que es el acusado de la malversación en el caso fondo indígena y los BS 700 MM que manejó, está en una campaña similar contra los guaranís de Takovo Mora.

Según El Deber de Santa Cruz, El Gobierno reveló que entre 2008 y 2014, dirigentes guaraníes de Takovo Mora habrían recibido hasta Bs 15,4 millones por proyectos y compensaciones. Hasta la fecha, el 88% de esos recursos no han sido descargados. Se anuncia una auditoría de todos los montos y los proyectos que debieron ejecutarse para establecer responsabilidades.

“Esos dineros (que han sido desembolsados) están en manos de alguien. Han llegado a los bolsillos de alguien. Por eso hemos pedido que se haga una auditoría a estos fondos desembolsados por concepto de compensación”, manifestó en La Paz el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

Los Bs 15 millones de los guaranís y o los Bs 700 MM del fondo indígena, son ambos posibles casos de corrupción y malversación que deberían ser considerados la misma forma. Aunque según los acusadores son resultado de diferentes motivaciones.

El caso de los guaranís se usa para desacreditar a los dirigentes que buscan frenar las operaciones de petroleras en áreas comunitarias sin consulta previa. En el caso del fondo indígena la acusación es que se malversaron los fondos con fines electorales.

El fondo del tema es que hay una falla en la forma en la que se entregan estos fondos o por lo menos en su fiscalización.

Es probable que este tema se resuelva con una nueva ley de fiscalización o alguna propuesta parecida. Pero es un tema de seguridad jurídica más que de falta de leyes.

Aquí, unos ejemplos: Cuando un minero murió en las calles de La Paz la solución fue para una ley que prohíbe el uso de dinamita en las manifestaciones.

Recientemente se pasó una ley del feminicidio. Sin embargo asesina mujeres o lanzar dinamita en las calles ya era un delito antes. Es más probable que lo que falla es la capacidad de las autoridades para hacer cumplir las leyes.

 

Comments are closed.