El respeto a la ley en el país se está volviendo un tema no sólo legal si no económico.

Si hay o no hay seguridades jurídicas en el país se verá ahora, con el fallo de la justicia a favor de la fábrica paceña SOBOCE por el caso de la expropiación de las acciones que tenía en la chuquisaqueña Fancesa.

El fallo ordena que la gobernación de ese departamento pague a SOBOCE US$ 93,3 millones como compensación.

Los empresarios nacionales miran con atención este caso, pues saben que en su desenlace se podrá ver si las “seguridades jurídicas” que reclaman también los inversionistas extranjeros tienen vigencia en Bolivia.

La prueba se presenta en una circunstancia difícil. El gobierno necesita dar seguridades a las inversiones pero también quisiera mostrarse duro con una empresa cementera que es dirigida por el dirigente opositor Samuel Doria Medina.

La sentencia 18/2013 emitida el 15 de abril, declaró probada la demanda de SOBOCE en el proceso seguido contra el Gobierno Autónomo de Chuquisaca por la falta de pago por el 33,34% de acciones que fueron nacionalizadas de FANCESA el pasado 1° de septiembre de 2010.

La empresa mantuvo una intensa campaña de mensajes para recordar que se estaba cometiendo un atropello, una violación de las leyes, un abuso disfrazado de “nacionalismo” en contra de empresarios nacionales.

El gobernador Esteban Urquizo, del partido de gobierno, ha reaccionado con furia ante esta sentencia, pero en la asamblea departamental le han recordado que no cumplió con su deber de informar sobre el estado del proceso de SOBOCE.

Urquizu ha anunciado que apelará esta sentencia ante el Tribunal Nacional, abriendo la sospecha de que tenga que ser el gobierno nacional el que le ayude a revertir el criterio de los administradores de justicia.

Lo malo para el gobernador, y para alguien del gobierno que estuviera pensando en influir en la apelación, es que el caso se presenta como una prueba oportuna para saber si en Bolivia existen o no las tan reclamadas “seguridades jurídicas”.

Todos los organismos internacionales, desde el BID hasta el FMI, desde la CAF hasta el Banco Mundial, están mirando.

También miran con atención este caso los bancos internacionales que deben colocar los nuevos bonos soberanos por US$ 500 millones. Quieren saber si al colocar esos papeles en el mercado internacional pueden o no ofrecer “seguridades jurídicas” en Bolivia.

Según El Deber de SC, La seguridad Jurídica está en duda en el país. Ayer, La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) demandó una vez más una ley corta en materia agraria para frenar las tomas ilegales  de predios en producción.

Los avasallamientos mineros aun continúan, el más reciente se dio en la mina Puerta del Sol en La Paz. Con lo que la seguridad jurídica una vez más se pone en duda.

Según ANF, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez, exteriorizó su preocupación porque el Gobernador de Chuquisaca se niegue a cumplir el fallo judicial.

“Es muy lamentable y reprochable que el Gobernador (de Chuquisaca) en vez de salir a dar una postura que convenza a su población que se solucione el problema que se está arrastrando, lo único que haga es denigrar a la empresa privada”.

Aunque calificó como “confiable” a la justicia por el fallo emitido, Sánchez puso de manifiesto su preocupación porque “ni las autoridades están haciendo caso a los fallos judiciales”.

 

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