Los planes para enfrentar la reciente caída de precios no han quedado muy claros en el país principalmente porque en un principio se negó que estos factores externos podrían afectar a Bolivia y su supuesto blindaje económico.

El tema del blindaje ya se ha descartado y ahora se vienen medidas de emergencia.

Hasta 2014, el Banco Central de Bolivia (BCB) aprobó créditos al sector público y al Gobierno por un monto total de 23.079 millones de bolivianos, de acuerdo con el informe de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014. Dar dinero a las empresas estatales que no pueden sobrevivir es una medida de emergencia pero no resuelve el problema de fondo.

El retraso en aceptar la realidad de que el mercado internacional afecta a Bolivia puede tener un costo muy alto.

Una de las acciones que distrae es la de culpar al sector público y la falta de inversión.

Pero esto de culpar a los privados ha generado una respuesta de los privados que resulta muy propositiva. Ellos proponen ahora que se les permita invertir más.

Es una forma de aceptar el reto de invertir más. Ellos ahora exigen medidas que les permita invertir y el pedido número uno es el de seguridad juridica.

El tema es muy importante pues la seguridad jurídica es responsabilidad directa del estado y del gobierno. De hecho una de las principales tareas del gobierno es velar por que se cumplan las leyes en el país. Y se respeten los derechos de las personas y las empresas que quieren trabajar e invertir en el país.

Por lo que el desafía del ministro de economía a la inversión privada ha puesto en evidencias algunas de las falencias de su propia gestión.

De hechos los privados, al aceptar el reto de invertir más también han enumerado algunas de las fallas de su contraparte estatal.

Los reclamos también llegan del exterior y afectan a la inversión extranjera directa. Esta semana el embajador de Alemania dijo que los inversionistas de su país también quisieran que en Bolivia existan seguridades jurídicas para las inversiones.

La critica más fuerte que llega desde afuera es la del Banco mundial y su informe sobre la facilidad de hacer negocios. “Doing Business 2015: más allá de la eficiencia”, es un informe anual que mide las regulaciones que favorecen la actividad empresarial y aquellas que la restringen, con indicadores cuantitativos que pueden compararse entre 189 economías.

La posición de Bolivia en el ranking mundial cayó seis puntos entre 2014 y 2015 del puesto 151 al 157. Los detalles de cuáles son las falencias muestran ineficiencia y burocracia.

Apertura de un negocio: Muestra que se necesitan el doble de procedimientos en Bolivia que en el resto de América Latina y tres veces más que en un país desarrollado; se requiere de 49 días para abrir una empresa nueva mientras que en la región son sólo 30 y los países desarrollados 9,2; y mientras el costo nominal es menor y representa 64,4% del ingreso promedio frente a 31% en la región y 3,4% en los países desarrollados.

La mayor caída para Bolivia en el ranking fue en el tema de la Protección de los inversionistas minoritarios en la que pasamos del puesto 149 al 160.

Este informe del Banco Mundial califica la facilidad para invertir en Bolivia y asegura que Bolivia tiene el peor sistema impositivo del planeta por segundo año consecutivo. En Bolivia se requieren 42 pagos anuales contra 29 en la región y 11,8 en los OCDE. Se necesitan 1.025 horas hombre anuales para cumplir con la burocracia frente a 366 en la región y 175 en los OCDE

 

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