La Procuraduría y el Ministerio de Transparencia identificaron irregularidades en siete (7) contratos mineros con empresas privadas y formalizaron una querella ante la Fiscalía General del Estado en Sucre para que se inicie una investigación.

 Con este proceso, el Gobierno espera que se procese a los responsables que causaron un daño económico al Estado, incumplieron sus deberes y realizaron contratos lesivos y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

La denuncia se complementa a la del ministro de Minería, César Navarro, del pasado 8 de abril, cuando intervino la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) donde se guardan al menos 42 contratos entre cooperativas mineras y empresas privadas nacionales y extranjeras, presuntamente irregulares.

La ministra de Transparencia, Nardi Suxo ha estado bajo presión tras negar a principios de la semana que Bolivia ocuparía el segundo lugar en la región como el país más corrupto después de Haiti.

La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, informó este lunes que desde el año 2007 recibió 13.293 denuncias de corrupción en la administración pública, de las cuales solo 88 lograron tener sentencia ejecutoriada debido a la retardación de justicia originada en el Ministerio Público.

Suxo dijo que este retraso se debe a un problema administrativo en el Órgano Judicial, por ejemplo mencionó que hubo casos que debieron ser resueltos en 60 días y llevan más de mil días sin ninguna respuesta.
Los contratos lesivos al estado en Comibol también sería resultado de problemas administrativos.

En un caso que está directamente relacionado con corrupción y los procesos administrativos,

El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) Erik Ariñez, estimó que la evasión del Impuestos a las Utilidades de las Empresas (IUE) por la exportación de oro en 2012 alcanzaría a 30 millones de dólares y no cerca a 300 millones como denunció el diputado Jaime Navarro, reportó ANF.

Navarro dijo el lunes que la denuncia que presentó el 2012, tiene que ver con la defraudación al Estado de 400 millones de dólares por la exportación de oro, no así por un caso de contrabando, como pretende hacer creer la presidenta de la Aduana.

La corrupción y los contratos lesivos al Estado son temas de interés para la economía nacional.

Que está en plena discusión es el del aumento salaria y mientras los privados han logrado una escala triple para cumplir con el aumento de 10% al salario, hay algunos sectores que siguen reclamando como los jubilados.

El Gobierno negó toda posibilidad de otorgar un incremento del 10% a los jubilados, con el argumento de que ya recibieron el ajuste para esta gestión, como expresa el convenio suscrito en diciembre en la localidad de Konani. Los rentistas amenazan con medidas de presión “nunca antes vistas”.
“El sector de los jubilados no es alcanzado con el beneficio del segundo aguinaldo y por lo tanto no puede haber compensación de un beneficio que no se ha adquirido”, precisó el ministro de Economía, Luis Arce.

 

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