Una entrevista con el embajador y jefe de la Delegación de la Unión Europea en Bolivia, Tim Torlot, ha generado interés en la prensa independiente del país.

El representante no mencionó el informe sobre la hoja de coca, que aún no ha sido publicado por el gobierno boliviano. El estudio sobre la coca, financiado por la UE ya está terminado, pero la fecha de publicación sigue siendo retrasada por el gobierno. Pero si recordó la importancia de las reglas claras para abrir la posibilidad de inversión.

La Unión Europea ha considerado necesaria la vigencia de una Ley de Inversiones que el Gobierno había comprometido como una forma de garantizar seguridad jurídica para la llegada a Bolivia de capitales o instalación de empresas europeas o extranjeras en general, con la proyección de impulsar su desarrollo económico y social.

El embajador de la UE Torlot, afirmar que existe un compromiso del gobierno de Evo Morales con el propósito de garantizar seguridad jurídica.

Torlot expresó su respeto por las políticas económicas y de nacionalización de empresas extranjeras en Bolivia, que impulsó el Gobierno desde que asumió el poder en el 2006. Ha considerado, sin embargo, que es necesario contar con un mecanismo jurídico legal que le permita, en especial a las empresas medianas y pequeñas europeas ingresar a Bolivia para compartir sus experiencias y tecnología en pos del desarrollo nacional.

Torlot explicó que no contar con un instrumento legal de garantías, constituye un obstáculo.

Dados los altos niveles de informalidad en el país y el hecho de que el sector informal da empleo a entre 60 y 80% de la población en Bolivia, el tena de formalizar la economía no parece avanzar.

Si a estas cifras se le suman la economía ilegal, resulta que sector informal ilegal el de lejos el mayor empleador en Bolivia.

Es un mal empleador, ya que no brinda protección a sus trabajadores, ni seguro médico ni jubilación y no brinda beneficios al resto de la sociedad ya que no paga impuestos. Más aúnen el caso del contrabando y el narcotráfico, genera efectos negativos sobre la economía y la sociedad.

Sin embargo tratar de eliminar este tipo de actividades que no pagan impuestos, resulta en un peligro político muy alto, precisamente porque la gran mayoría de los bolivianos trabajan en este sector informal o ilegal.

La proximidad de las elecciones, también afecta a la motivación de los gobernantes para luchar contra la informalidad.

Públicamente es difícil de admitir esta realidad en el país. Algunas actividades ilegales tratan de hacerse pasar por informales. La diferencia es importante porque bajo el nombre de informal, pueden seguir operando.

Los avasallamientos en minas y en tierras agrícolas alejan la inversión y perjudican al los bolivianos porque resultan en menor productividad, pero este es uno de esos casos en los que los avasalladores buscan pasar de asaltantes y por lo tanto delincuentes comunes a ser informales bajo organización cooperativa.

Bajo estas condiciones una ley de inversión que garantice los derechos de las empresas legalmente establecidas resulta difícil ya que el sector informal es menos eficiente y por lo tanto emplea más personas. Al parecer, cuando se trata de elecciones, el dilema es muy difícil, los votos de los legales tiene el mismo valor que los votos de los informales e ilegales. El problema sería que los legales son muy pocos. La legalidad está en minoría en Bolivia.

 

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