Según El Diario de La Paz, El secretario ejecutivo del Concejo Central de Artesanos de la ciudad de El Alto (Cocedal), Javier Jarro, informó ayer que unas 200 microempresas (Mypes) están seriamente afectadas por la competencia desigual ocasionada por el contrabando. Algunas tendrán que cerrar.

Jarro también señaló que el pago de bonos y el incremento salarial afectan seriamente a su sector. Dijo que las utilidades bajaron muchísimo y que la única manera de mantener en pie el negocio es transfiriendo el pago de las obligaciones laborales a sus productos.

Según ANF, El presidente de Conglomerado Textil Boliviano (Cotexto), Jesús Acosta, entre 500 y 600 microempresas pasaron de la formalidad a la informalidad, debido a las políticas gubernamentales aplicadas como el incremento salarial, el pago del retroactivo, el doble aguinaldo y los beneficios laborales.

En este año, el sector manufacturero de prendas de vestir perderá al menos 160 millones de dólares por la importación y venta de ropa a medio uso en el mercado interno, afirmó en abril el presidente de la Confederación Nacional de la Micro y pequeña Empresa (Conamype), Víctor Ramírez.

El tema de la competencia desleal surge aquí porque hay un sector que debe pagara impuestos y beneficios sociales a sus trabajadores, además de asegurar que las condiciones laborales sean seguras, las horas de trabajo sean justas, sus trabajadores tengan vacaciones y demás.

Estas obligaciones no son quejas de las pequeñas empresas y medianas empresas que operan en el país, ni siquiera es una queja de las grandes empresas.

Las empresas legales del país no quieren dejar de pagar aportes a las AFPs, para las jubilaciones de sus empleados. Las grandes empresas ni siquiera se han opuesto al pago del doble aguinaldo.

La queja principal es que deben competir con un sector al que no se le exige lo mismo.

Los contrabandistas y los vendedores de contrabando, no pagan impuestos de importación, no deben cumplir con las normas fitosanitarias para las importaciones al país. Los contrabandistas tampoco contratan a sus empleados de forma legal, no les pagan beneficios sociales, sus empelados no cuentan con un seguro de salud, no tienen aportes a las AFPs, ni ninguna protección laboral de parte del Estado.

Las autoridades nacionales hacen muy poco por remediar esta situación, la semana pasada empezó a operar una fuerza conjunta entre la aduana y el ejército que busca frenar el contrabando. Pero en la realidad una verdadera lucha contra el contrabando podría empezar en cualquier feria de ropa usada del país. Todos saben donde están y todos saben que el 100% de los productos son de contrabando.

La justificación sueles ser que simplemente este negocio brinda la mayor cantidad de empleos en el país, 70% del empleo es informal según el propio ministro de economía.

Lo lamentable para la economía nacional es que estos empleos no sólo son inseguros para los trabajadores sino que son ilegales y los argumentos contra su protección podrían ser usados para cubrir todo tipo de actividad ilegal, inclusive el narcotráfico.

La relación no es lejana, el contrabando es una de las formas más usadas de lavar narco dólares en el país.

 

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