Los productores se declararon en emergencia tras enterarse de que la ley contra la toma de tierras, a la que catalogaron de ‘blanda y poco ejemplarizadora’, fuera sancionada sin tomar en cuenta las recomendaciones realizadas por el sector.

Representantes de la agroindustria aseguraron que  proyecto de ley, cuyo objetivo era frenar la toma de tierra ilegal, es más bien un retroceso que va en desmedro de la actividad productiva, ocasionando una desaceleración del aparato productivo y desincentivando al sector.

“No está a la altura de lo que realmente necesita el sector, por el contrario se beneficia a los tomatierras” afirmó Julio Roda,   presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).

Las tomas ilegales de tierras en el oriente es una de los principales debilidades del la seguridad jurídica en el país. Y es mencionada como una de las fallas centrales en los resúmenes del año que van saliendo a la luz a pocos días de 2014.

En el resumen de anual de ANF, el analista Mauricio Medinaceli asegura que, en ocho años de gobierno la tarea incumplida es la búsqueda de hidrocarburos, las operaciones petroleras se enmarcan en la Ley 3058, de mayo del 2005.

En tanto que la Fundación Milenio afirma que esta falta de nuevos descubrimientos y la creciente demanda de gas natural deja al país con un panorama limitado.

El gobierno actual votó en contra de la actual ley de hidrocarburos en 2005, pero tras 8 años de gobierno no la ha cambiado.

Hoy lunes, como es costumbre en este espacio, veremos la más reciente edición de la carta informativa Siglo 21.Que en un resumen del 2013 también menciona estos y otros temas como los desincentivos a los negocios legales en el país.

• Para el sector legal de la economía, el año comenzó con la admisión del gobierno del presidente EMA de que no tiene intenciones de conceder seguridades jurídicas a las inversiones privadas.

Lo hizo en una reunión de la CEPAL, donde el representante boliviano se negó a suscribir un documento en ese sentido.

• Ese mensaje se mantuvo invariable todo el año, con diferentes manifestaciones, lo que provocó que el sector privado aludiera en más de una ocasión a los “desincentivos” que creaba el gobierno para el avance de la economía.

“No queremos incentivos, queremos que se eliminen los desincentivos”, llegó a decir el presidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), Carlos Delius.

• La CEPB llegó a afirmar que el gobierno estaba aplicando un verdadero “acoso tributario” a los empresarios privados, pero las gestiones no fueron adelante, sobre todo por la actitud amigable y casi militante de Daniel Sánchez con las posturas del gobierno.

Mientras el sector legal de la economía boliviana se ve afectado por la falta de seguridad jurídica, los sectores ilegales como los avasalladores tuvieron un muy buen año.

Según las denuncias de los avasallados; trabajando junto con el INRA los avasalladores, lograron extorsionar a los dueños de tierras productivas saquear las cosechas, de emprendimientos legales que invierten en el agro y están a punto de lograr la aprobación de una ley anti avasallamientos muy favorable a sus intereses.

Esto sólo en el agro. Los avasallamientos en el sector minero han sido declarados legales por el estado en varias ocasiones y se les ha entregado los yacimientos a los avasalladores inclusive a través de la estatal minera Comibol.

 

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