La proximidad de las elecciones ha generado una ola de demandas sobre el gobierno nacional que están directamente relacionadas a la economía boliviana y algunos podrían tener consecuencias importantes sobre el desempeño económico.

El nuevo acuerdo salarial, es un ejemplo de que la campaña electoral tiene un peso muy importante en las negociaciones de este año. Y los involucrados lo saben.

El presidente del Estado, Evo Morales,  anunció  ayer que el Gobierno y los representantes de la Central Obrera Boliviana (COB) llegaron a un acuerdo  de  incremento salarial, para este año, de 10% al haber básico de educación y salud y de 20% al salario mínimo nacional.

Aun así, algunos sectores califican el aumento de insuficiente y el magisterio por ejemplo insiste en un salario mínimo de más de 8.000 bolivianos.

Los presidentes de la Cámara Nacional de Industria, Mario Yaffar, y de  la Federación de Empresarios Privados de La Paz, Luis Urquizo,   lamentaron que la decisión  haya sido sólo bilateral, lo cual  pasó por alto el mandato de la OIT de negociar  entre el Ejecutivo, los  empresarios y los trabajadores.

Hicieron notar  que el aumento del 20% triplicará el porcentaje de la inflación de 2013, que llegó a 6,48%.”Éste es el noveno año que se dicta un aumento sin consultar al sector  privado, no se ha escuchado la posición de las diferentes unidades productivas”, señaló Yaffar.

La Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia (CONAMyPE ) se declaró en estado de emergencia porque las micro y pequeñas empresas no podrán cumplir con el aumento.

El presidente Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Daniel Sánchez, afirmó que “los trabajadores serán los más perjudicados con el incremento salarial” y aseveró que los privados “no garantizan la creación de nuevos empleos”.

Para Sánchez el Gobierno no impulsa ni invierte en el sector empresarial lo que está generando que muchas personas se dediquen el contrabando y a la exportación de productos del exterior antes de consumir lo hecho en Bolivia. Pidió a la dirigencia de la COB y al Gobierno trabajar en políticas para la generación de nuevos empleos.

El tema se viene arrastrando desde el sorpresivo anuncio del doble aguinaldo. La observación de que este tipo de aumentos afecta principalmente a la inflación, fue extrañamente rechazada por el propio ministro del área, Luís Arce, quien explico en esa ocasión que este tipo de aumentos sólo afecta al sector formal que es apenas 30% del empleo en el país y por lo tanto un aumento en su salario no afectaría la inflación.

Más allá de poner en evidencia el hecho de que las cifras de la inflación en el país no reflejan la realidad, se puso en evidencia también que el sector legal, el sector formal, el que paga impuestos y salarios de forma legal, aporta a la jubilación de sus trabajadores, está en desventaja en las negociaciones con el estado simplemente por ser una minoría. La desventaja es aún mayor en época preelectoral.

Algo que debería ser tomado en cuenta es que este sector es también el sector que más aporta a la economía nacional y por supuesto a las arcas del Estado.

El sector informal es importante, al igual que el ilegal y ambos aportan al boom económico, pero la calidad de empleo y condiciones laborales dignas se logran con el sector formal que también debería ser protegido y beneficiado con incentivos, por el bienestar de la economía nacional.

El hecho de que sea una minoría debería ser la principal preocupación, inclusive en un año electoral.

 

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