El precio del petróleo ha caído en 4,7%en los últimos 30 días, pero el precio sigue por más de 14% más alto que hace un año.

El alza de precios está empezando a tener algunas repercusiones que deberían mantener a Bolivia muy atenta.

Según Economía y finanzas del Diario de La Paz, El ministro de comercio de Japón, Yukio Edano dijo a los proveedores de gas natural licuado (GNL) que su país está buscando un “cambio de paradigma” en la forma en la que se fija el precio de su producto.

Desde la década de los 1990, Japón mantiene un sistema de precios, semejante al que Bolivia tiene con sus clientes, que está ligado al precio del petróleo. El anuncio ha generado alarma entre los proveedores que deberán replantear sus inversiones. Esta no es la primera vez que Japón trata de romper este vínculo entre el precio del GNL y el petróleo.

Originalmente, la relación GNL petróleo se debía a que esta era la alternativa para Japón en cuanto a combustibles pero el mercado a cambiado. Por un ladeo, el desastre nuclear de Fukushima, resultó en esfuerzos por eliminar el uso de plantas nucleares, por lo que el consumo de gas de Japón se ha disparado. Pero por el otro lado la oferta de gas natural a nivel mundial está viviendo el mayor cambio de estructura de su historia.

La llegada del gas shale o gas de esquisto, ha reducido dramáticamente el precio del gas natural y ha creado nuevos gigantes del gas. Como EEUU, China y Argentina. En ese orden.

Esto combinado con la tecnología de GNL que permite llevar gas en buques, significa que Japón, un consumidor neto, puede pedir que el precio del GNL se desligue del precio del petróleo y su mercado se fije en base a la oferta y demanda propia.

Las ramificaciones de un cambio de paradigma en la fijación de precios del GNL alcanzarían a Bolivia. El precio que paga Argentina y Brasil por nuestro gas es fijado en base al precio del Petróleo, por razones muy parecidas a las de Japón. Si Japón logra el cambio, nuestros compradores probablemente busquen condiciones semejantes. El precio de gas natural de referencia a nivel mundial solía ser el Henry Hub, donde el gas natural se cotiza hoy en 2,88 $/MMBtu. Brasil nos paga más de 9 $/MMBtu y Argentina más de 11$/MMBtu.

Un ajuste resultaría en una reducción de lo que recibe Bolivia, y eso es un tema que debe preocupar a los bolivianos.

En la minería el conflicto entre asalariados y cooperativistas continúa y a nivel en paralelo, en la región se presentan propuestas que podrían tener un gran efecto sobre la minería en Bolivia.

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) decidió, justamente esta semana, elaborar una estrategia para frenar el avance de la minería ilícita, una actividad en la que participan muchas de las cooperativas mineras de Bolivia.

El país ha enviado representantes a una reunión de expertos de la CAN para elaborar las bases del Comité Andino Contra la Minería Ilegal. En 30 días el comité estará en funciones.

Es una acción coordinada para fortalecer la capacidad y efectividad en la prevención y control de la minería ilegal y sus efectos sobre el medio ambiente y los recursos naturales, de manera armónica.

Al estar en vigencia comité, “los países miembros se encuentran facultados para decomisar e incautar, inmovilizar, destruir, demoler, inutilizar y neutralizar, los bienes, maquinaria, equipos e insumos utilizados en la minería ilegal, para lo cual los Gobiernos reglamentarán la oportunidad y el procedimiento respectivo, a fin de hacer efectivas estas medidas”.

Es decir que la minería ilícita que existe en Bolivia y que es tolerada por las autoridades por conveniencias políticas, es condenada en la región y el país estará obligado a acatar esas disposiciones.

El problema no es solamente de tipo geopolítico y político, sino también económico. Si la minería ilícita fuera condenada en Bolivia, miles de familias, quizá más de las 120.000 de las cooperativas mineras del altiplano, quedarían sin trabajo.

Por ahora, el Estado plurinacional no ha sido capaz de hacer respetar la ley cuando se trata de avasallamientos, invasión de propiedad privada, secuestros y hasta asesinato en las regiones mineras. Esto en parte por la falta de la prometida ley de minería que ya está por llegar a los 7 años en proyecto y hasta donde se sabe sigue con 80% de avance.

Un acuerdo internacional contra la minería ilegal pondrá a prueba la capacidad y sobre todo la voluntad de las autoridades en Bolivia de luchar contra la ilegalidad al menos en el sector minero.

 

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