Tras el anuncio que hizo el presidente Evo Morales de que no habrá una nueva nacionalización de autos indocumentados, el dirigente de la Asociación de Vehículos Indocumentados del Trópico, Félix Mamani, exige diálogo con el Gobierno y advierte que no permitirán que les incauten sus autos.

La proximidad de las elecciones hace que el conflicto sea más complicado para las autoridades.

En una entrevista con El Deber de Santa Cruz, el presidente de la Cámara Automotor Boliviana, Érick Saavedra, sugirió que el Gobierno no dé marcha atrás con sus planes. 

Mamani, que representa a unos 4.000 propietarios de autos chutos, que en estos días organizarán una reunión con sus bases para definir las medidas a asumir.

El dirigente aseguró que, además de su asociación, existen otros grupos que se han formado en varias partes del país a propósito del conflicto, como en Chulumani, Coroico, Rurrenabaque y en los valles de Cochabamba.

La Aduana Nacional informó de que a través del sistema B-Sisa, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, se identificaron 10.595 placas clonadas en el país. También determinó que hay 7.512 placas robadas, 5.483 placas inexistentes y 10.107 que aparentemente serían de los indocumentados. Es decir, un total de 33.697 autos chutos.

Los números son prometedores para los dueños de los chutos. Un nuevo perdonazo garantizaría un gran número de votos para las elecciones.

En una nota de El Diario de La Paz, el diputado disidente del Movimiento al Socialismo (MAS), Ever Moya, observó que la Ley de Aduanas 1990 no le faculta a realizar el decomiso de vehículos indocumentados en áreas urbanos (zona secundaria), razón por la cual demandó que la entidad estatal más bien debiera implantar la militarización y control más estricto de las fronteras con la finalidad de evitar el ingreso del contrabando y principalmente de vehículos sin registro aduanero.

De acuerdo con la documentación presentada por Moya, en el territorio nacional existen varias poblaciones donde arriban los vehículos indocumentados, como ocurre en las localidades de Challapata, Yungas, Alto Beni, Pisiga, entre otras.

“Por lo tanto exigimos a las autoridades de la Aduana que actúen como el 2012 cuando intervino en Challapata, porque se tienen que priorizar sectores como el Chapare” pidió Moya. No es casualidad que las zonas donde hay abundancia de chutos coincide con la zonas de producción de coca.

La venta de coca y sobre todo su principal derivado que es la cocaína generan grandes utilidades para los pobladores de comunidades enteras. Lo hizo notar el mismo presidente Morales cuando visitó el Chapare y vio que las familias ahora tenían vagonetas cuatro por cuatro estacionadas en la puerta de sus casas.

La proximidad a las elecciones le da un tinte político a este problema legal y económico.

Más aun muestra el poder de la economía ilegal en el país. Si el ejército y el Umopar no pueden entrar a poner un cuartel en algunas zonas dominadas por el narcotráfico en el país es difícil que se permita el alcance de la ley y el Estado en regiones donde circulan mayormente autos chutos.

La economía informal se niega a seguir las reglas del estado y tiene la fuerza numérica como para enfrentar al estado, sobre todo en época electoral.

 

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