Las materias primas agrícolas están a punto de recibir una cosecha extraordinaria. La siembre de Soja, trigo y maíz fue enorme y se espera que la producción de EEUU logre reducir el precio de estos alimentos a nivel mundial.

El año pasado el precio del arroz atravesó un periodo similar y el precio se mantiene bajo.

Mientras tanto en el país la producción agrícola está recibiendo un duro golpe del clima con las inundaciones que afectan al sector productivo del agro.

Este es uno de los desafíos del agro en el país que también tiene que pelear contra los asaltos de los tomatierras, asaltantes o avasalladores como se los conoce en diferentes regiones.

Una buena noticia es que se les ha otorgado un periodo de tolerancia de seis meses en el pago de créditos e intereses que rige para los prestatarios afectados por los desastres naturales, previa verificación de parte de las entidades financieras, según la instrucción emitida oficialmente ayer por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Es una buena noticia aunque es probable que se deba ampliar este plazo, pues seis meses no es suficiente tiempo como para reponer los daños causados por un desastre de estas magnitudes. No en el agro donde la recuperación suele durar una temporada o un ciclo de producción. Sin embargo el periodo de tolerancia para el pago de los créditos brinda algo de alivio a los productores.

Un tema relacionado al agro y a todos los demás sectores productivos nacionales es el de la ley de inversiones que se ha vuelto a poner de moda como lo hace periódicamente desde hace al menos seis años desde que se está elaborando esta ley.

La demora por si sola es un perjuicio para las inversiones, los anuncios de que esta ya casi casi lista también perjudican.

El proyecto de ley de inversiones que los expertos del Gobierno han redactado en ocho largos años propone legalizar las nacionalizaciones mientras alistan otra ley para rechazar los arbitrajes.

Para los inversionistas, el remedio será peor que la enfermedad: las anteriores leyes daban la posibilidad de que los inversionistas cuenten con algunas garantías de que sus inversiones no serían nacionalizadas.

Ahora, con el esforzado proyecto, las nacionalizaciones serán descartadas, “salvo” que afecten a la soberanía o al interés público. Es decir que cada Gobierno podrá acudir a esa figura ambigua cuando le plazca.

Eso es lo que opina el embajador de la Unión Europea, Tim Torlot, sobre las condiciones para las nacionalizaciones, mientras expresa su preocupación por aquello de los arbitrajes.

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez, no ha podido eludir la responsabilidad de criticar el proyecto y está pidiendo reuniones con los redactores del proyecto.

Sobre la ley minera se ha vuelto a dar un período de espera, cuando se creía que estaba casi lista. La razón es que las cooperativas no aceptan las escalas tributarias que propone el Gobierno y éste no quiere ponerse a discutir en plena campaña electoral con los representantes de un bolsón tan grande de votos.

Este será un tema muy importante durante este año electoral, de hecho la COB ya ha pedido nacionalizar la  Hidroeléctrica Boliviana SA y Transierra, además de expropiar la mina Puerta del Sol de manos privadas y pasar la administración de la mina  Himalaya de los cooperativistas que la avasallaron a la Comibol.

Será difícil rechazar estas peticiones en un año electoral.

 

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