Hay dos temas importantes para la economía en las noticas en esta semana. Son temas que están encontrados.

Por un lado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) asegura que Bolivia ocupa el cuarto lugar en la región en recaudación tributaria medida como porcentaje del PIB.

Esto tiene que ver con las recaudaciones de las empresas legales que operan en el país.

Al mismo tiempo, el informe Competitividad Global 2013-2014 del Foro Económico Mundial, habla de la presión tributaria.

“se refleja nítidamente la elevada presión tributaria existente, sobre todo de los Impuestos a las Utilidades de las Empresas (IUE) que ha seguido una tendencia ascendente durante los últimos cinco años”, sostiene el informe que fue procesado por la Fundación Fundetic.

El documento añade que sumada a esta situación, la falta de procedimientos para emprender negocios, no han permitido mejorar este indicador en términos de competitividad. Por el contrario, señala, estas variables están siendo muy perjudiciales para la competitividad de las empresas.

Los impuestos no son la única forma en la que el sistema impositivo ha estado presionando a la economía legal.

Según la Confederación de Gremiales el 2013 8.550 tiendas fueron clausuradas en aplicación de la Ley 317, por lo que ahora tras el fallo de la inconstitucionalidad, demandan a las autoridades el “resarcimiento de los daños económicos”.

Mientras la presión sobre las empresas pequeñas suma y llega hasta la inconstitucionalidad, el sector ilegal goza de muchos beneficios.

Según ANF.- La Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) señaló que entre el 2011 y el 2013 la importación ilegal de ropa a medio uso se incrementó de $us 80 millones a más de $us 160 millones (200%) y señaló que no existe un control en las fronteras por el Gobierno.

El presidente de la Conamype, Víctor Marcian Ramírez, recordó que su sector está a la espera de que la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, cumpla con el acuerdo firmado en diciembre de 2013 que establece que se realizará un control de la prendería a medio uso.

“Se ha duplicado (la importación ilegal de ropa usada) antes era $us 80 millones, ahora es más de $us 160 millones que perjudica a la industria de la manufactura. En toneladas habría que ver porque es contrabando y no hay importaciones legales, todo es ilegal”, manifestó.

El 7 de este mes, la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) Marlene Ardaya, aseguró que no puede intervenir en los mercados urbanos donde se comercializa ropa a medio uso si no cuenta con una denuncia.

Lo que resulta absurdo si se ve las ferias callejeras en todo el país donde se vende ropa usada sin ningún tipo de control.

La economía ilegal en el país goza de muchas ventajas. Como esta en la que la aduana dice que no puede intervenir para controlar la venta de contrabando.

En este caso el tema no es la falta de leyes sino de un Estado que haga que se cumplan.

Para las empresas más grandes, como el caso de la minería o el agro, la falta de una fuerza que haga que se cumplan las leyes genera el riesgo de los asaltos a la propiedad.

Todo eso desincentiva las inversiones en el sector legal, pero es un incentivo para la economía ilegal.

La empresa minera más grande del país, ha mencionado otro problema que está muy relacionado y es la falta de reglas claras.

Sumitomo, la casa matriz de la empresa San Cristóbal, pide que  la nueva ley minera defina reglas claras para la inversión en esta industria.

La compañía japonesa  invirtió 1.800 millones de dólares en el desarrollo del reservorio de plata ubicado en Potosí.

“Lo que a nosotros más nos interesa es que se aseguren y se tengan claramente cuáles son las condiciones para invertir en Bolivia, con eso nosotros estamos tranquilos”.

 

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