Henry Oporto y Dionisio Garzón, autores del estudio Los dilemas de la minería, coincidieron por separado en que se vive un escenario preocupante y potencialmente crítico en la minería nacional.

Factores como la incertidumbre jurídica, temor a nacionalizaciones, toma de minas y la posible subida de impuestos, a través de la participación que pretende la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) en las utilidades, y la caída de los precios internacionales amenazan la estabilidad de la minería privada en Bolivia, advirtieron los expertos.

El descenso de cotizaciones de los minerales tendrá doble efecto para el país, debido a que también está bajando la producción de cuatro de los cinco principales minerales: zinc, plomo, plata y estaño, afirman Garzón y Oporto.

La semana pasada  la Cámara de Industria y la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba plantearon la semana pasada una crítica en sentido de que en lugar de fomentar la iniciativa privada, el país está enmarcado en una situación general de desincentivo, por la inseguridad jurídica, el crecimiento de la informalidad, el contrabando, los conflictos sociales y, ahora, la imposición del Gobierno, mediante decreto, en referencia al incremento salarial.

Un factor en común de estas advertencias sobre la fragilidad económica boliviana es la falta de seguridad jurídica y el fortalecimiento del sector informal o ilegal en el país.

Al respecto la edición de esta semana de la carta informativa Siglo 21 hace referencia  a una nueva realidad que se vive en la economía nacional.

El frío asesinato de un deudor moroso de la mafia, en una calle de Santa Cruz, filmada por cámaras de seguridad, vino a mostrar que en Bolivia hay un sistema financiero paralelo que tiene sus calendarios precisos y sus ejecuciones.

Un funcionario de la policía dijo que “por esta temporada” son requeridos los sicarios. El mes de abril es el cierre de balances del sector legal. El sector de las finanzas negras usa las mismas fechas.

Según Siglo 21, un tema que parece haber pasado de largo es que estas actividades económicas ilegales son el resultado de la invasión de mafias internacionales que llegaron al país atraídas por la expulsión de la DEA y la situación de descontrol en que quedaron los cultivos de coca desde que el jefe de los cocaleros del Chapare se convirtió en presidente de Bolivia.

Volviendo al tema de los sicarios estos serían una manifestación de un sistema financiero paralelo, ilegal, que maneja los excedentes del narcotráfico, está operando en el país, como se pudo observar en los sangrientos sucesos de la semana pasada.

• Existe una realidad paralela completa, incluso más pudiente que la legal, y que ha surgido en el país en los últimos años, dice un estudio hecho por dos expertos.

El hecho de que los sectores económicos más pujantes estén vinculados con actividades ilegales está provocando esta transformación, dice el estudio de Diego Ayo y Alison Spedding.

Hay toda una elite de bolivianos pertenecientes a esta clase económica pudiente, millonaria, que ha opacado a la elite forjada en las actividades legales y la está reemplazando.

El propio presidente EMA ha mostrado que en el Chapare ha surgido una nueva oligarquía, como dicen los expertos. Más de una vez el mandatario ha dicho que estaba impresionado por el lujo de los vehículos en que los cocaleros llegaban a las reuniones que él convocaba.

Los arrestos de los sicarios, pero sobretodo sus actividades han mostrado lo peligroso que es para la población y la economía nacional la existencia de estas actividades ilícitas. Un resultado positivo podría ser que se haya hecho evidente para la población la importancia de recuperar la seguridad jurídica.

 

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