El Ministerio de Economía  remitido a la Asamblea Legislativa para su tratamiento, un proyecto para elevar las tasas al Impuesto al Consumo Específico (ICE). El tema estaría incluido en el proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2014.

Según el secretario de Economía y Hacienda de la Gobernación de Santa Cruz, José Luis Parada, el Gobierno busca tres objetivos con la medida tributaria.

En primer lugar, quiere incrementar la recaudación impositiva, debido a que el Tesoro General de la Nación es deficitario.

En segundo, busca  reducir la demanda de carburantes y la subvención,  que en 2006 precisaba  33 millones de dólares y este año creció a 1.060 millones de dólares.

También persigue, en tercer lugar, frenar  la demanda de divisas necesarias para  la importación. “Estas soluciones sólo son parches, se debe tomar medidas integrales”, sugirió Parada.

Desde 2006 Bolivia ha reducido a la mitad su producción de petróleo, que ya entonces era deficitaria. Uno de los principales problemas es que las nuevas condiciones ofrecidas para las empresas después de la nacionalización eran tan pobres que las empresas decidieron dejar el tema para después.

Esta resulta ser una estrategia muy eficiente. Ya en 2010, la situación era tan dañina para la economía que el gobierno decidió dar un gasolinazo. Como sabemos el alza de precios fue tan grande que el gobierno tuvo que retroceder por temor a ser derrocado por las protestas.

En el sector del gas pasa algo similar, las reservas no se han renovado y Bolivia está terminando con el gas encontrado hace más de 10 años, que por ahora es el único que tiene.

La situación es ahora que se les ofrece todo tipo de facilidades a las empresas para que empiecen a buscar más gas. Pero el proceso es moroso y requiere de grandes inversiones. Y tiene muchos otros detalles delicados. Uno de ellos es el tema del cuidado del medio ambiente y la protección de la naturaleza (Pachamama, madre Tierra y demás).

La búsqueda de hidrocarburos en áreas reservadas  puede generar conflictos para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con las poblaciones, porque están sobrepuestas a nueve parques nacionales y reservas naturales -o, en general, áreas protegidas-, advirtió el experto  de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez.
Según la normativa petrolera, YPFB dispone de 98 áreas reservadas, en las cuales tiene exclusividad para explorar y explotar hidrocarburos.

Pero algunas de esas zonas con potencial hidrocarburífero  están en parques nacionales o áreas protegidas y “puede haber conflictividad social con las comunidades que viven en ellas”, señaló el especialistas.

Célica Hernández, especialista de la Fundación, señaló que para explorar las 98 áreas, de las cuales nueve se encuentran en parques nacionales, es necesario que el Gobierno proceda con la consulta previa a las comunidades y pueblos indígenas antes de ser declaradas reservas en favor de YPFB. Manifestó que esta situación crea incertidumbre ante potenciales inversions.

Las áreas reservadas para exploración y explotación a favor de YPFB que se encuentran sobrepuestas a áreas naturales de manejo integrado y áreas protegidas son: Manuripi, Madidi, Apolobamba, Isiboro Sécure, Carrasco, Tunari, Iñao, Tariquia y Aguaragüe.

Para Jubileo, “si bien se han conocido opiniones sobre la demora en que incurren los planes de exploración petrolera con la consulta previa, sin embargo la ley de Hidrocarburos 3058 reconoce que este mecanismo es de cumplimiento obligatorio y que las decisiones que resulten del proceso deben ser respetadas, de acuerdo al artículo 115.

Aunque en este punto es importante aclarar que el cumplimiento de las leyes no es novedad en Bolivia. La constitución Política del Estado dice que la producción de hidrocarburos de Bolivia debe tener al consumo interno como prioridad. Pero esto no se cumple y hay muchos bolivianos y empresas bolivianas que no tienen gas porque este debe ser exportado.

 

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