Esta semana estuvo dominada por dos temas económicos. El primero fue la tormenta que desató el ministro de economía y finanzas Luís Arce Cataora al calificar de vergüenza a la inversión privada en Bolivia.

La respuesta generalizada de los sectores privados legales del país fue que no existen condiciones para invertir. Un punto muy favorable es que los empresarios legales respondieron piediendo mejores condiciones para invertir.

El pedido más frecuente entre las diferentes entidades y cámaras de comercio que se pronunciaron en respuesta al desafía del ministro Arce, fue la seguridad jurídica.

Demetrio Pérez, dirigente de Anapo, dijo que si el ministro de Economía tuviera tierras en Santa Cruz no se atrevería a invertir en ellas por temor a los avasallamientos.

Pero si no hay condiciones, si en cualquier momento los asaltantes de tierras pueden entrar en cualquier predio, como hicieron los asaltantes de minas en el altiplano, o los asaltantes de fábricas, será difícil que nadie invierta.

EL tema de la inversión privada le quitó algo de atención a otro tema económico que ha estado en el centro de la atención por la proximidad de las elecciones. Y es el relacionado a los actos de corrupción que habrían desviado dinero del fondo indígena hacia campañas y dirigentes.

Eduardo León, abogado del diputado de Unidad Demócrata (UD) Rafael Quispe, denunció esta semana que al menos siete dirigentes de organizaciones sociales, que formaban parte del Fondo Indígena, recibieron en “cuentas personales” más de 42 millones de bolivianos.

Entre las gestiones 2013 y 2014, Bs 1.000 millones del Fondo Indígena fueron desembolsados en cuentas bancarias personales de los principales dirigentes de las organizaciones sociales, la Cidob y las Bartolinas, según Eduardo León.

Las denuncias con nombres y apellidos han reavivado las sospechas de malos manejos en el fondo indígena.

En medio de una campaña electoral los temas económicos están en el centro de la discusión.

Ahora desde EEUU llega el informe sobre la lucha contra el narcotráfico en Bolivia y el mundo, que define que Bolivia no está haciendo lo suficiente para luchar contra el flagelo de la droga ni contra el lavado de dinero del narcotráfico.

El Gobierno de Estados Unidos asegura que 95% de la cocaína peruana transita por Bolivia hacia mercados en Brasil y Europa y que el gobierno de Evo Morales, no hace lo suficiente para combatir la corrupción asociada al narcotráfico.

El reporte calificó además de fracaso la estrategia de erradicación de cocales. El “Gobierno boliviano ha hecho pocos progresos para prevenir la desviación de la coca ‘legal’ hacia la producción ilícita de cocaína” y recuerda que la ONU concluyó que más del 90% de la coca del Chapare, no tiene uso tradicional.

 

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