La prensa nacional ha reportado sobre las críticas y demandas empresariales por la ley de inversiones.

Los empresarios del país piden excluir el tema de la nacionalización del proyecto de ley de inversiones que se trabaja en la Cámara de Diputados. El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez, justificó el pedido señalando que en lugar de generar certidumbre, genera incertidumbre en los inversionistas.

Por su parte, los embajadores de la Unión Europea, Timothy Torlot; de Italia, Luigi de Chiara, y otros se reunieron ayer con legisladores de la comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores, con el objetivo, también, de abordar el tema.

Según los potenciales inversionistas, “En vez de generar certidumbre lo que están haciendo es generar algo de incertidumbre sobre las posibles nacionalizaciones”.

El argumento es que se repiten temas que ya están cubiertos por la Constitución política de Estado (en el caso de las nacionalizaciones) y hasta por el código pena en otros.

“Si hay algo que ya está en el Código Penal y lo penaliza y está en el Código Civil y lo penaliza, para qué lo vas a colocar en esta norma”, argumentó Sánchez.

Torlot expresó su respaldo de a la futura ley de inversiones y consideró necesaria la aprobación de una norma de conciliación y arbitraje en la que se especifique la resolución de controversias.

Recientemente se resolvió que Bolivia deberá indemnizar a Rurelec con 41 millones de dólares después de que una Corte internacional fallara a favor de la empresa británica por la expropiación en su subsidiaria Guaracachi en el país.

Esto muestra la importancia que tiene para las empresas que se brinde algún tipo de seguridad jurídica para las inversiones en el país.

El fallo inicial de la Haya fue rechazado por las autoridades bolivianas que según el ministro de la presidencia no reconocían la autoridad de la haya en este tipo de resoluciones. Sin embargo, estas declaraciones fueron retractadas por el propio presidente Morales.

Las reglas claras son importantes para la inversión pues brindan seguridad a los inversionistas. La falta de estas leyes y de estas seguridades han afectado a la economía Boliviana.

El ranquin más influyente sobre inversión minera, el del instituto Fraiser, Bolivia ha estado relegada a los últimos lugares a nivel mundial precisamente por la falta de respeto a las leyes de propiedad de concesiones.

El caso de la minería es muy evidente en Bolivia donde los asaltos a las minas son cotidianos. Y en algunos casos son respaldados por el Gobierno que nacionaliza los yacimientos para entregarlos luego a los asaltantes.

Lo mismo pasa en el agro: en Bolivia tenemos inclusive un término para estos asaltos que en el resto del mundo simplemente san asaltos armados o por la fuerza que retira al propietario legal de su lugar de trabajo. Aquí se los llama avasallamientos, con lo que al parecer se evitan las sanciones legales que tendría un asalto armado o por la fuerza común y corriente.

En las cortes internacionales no se hacen estas distinciones, por lo que una ley de inversiones que reconozca tribunales internacionales para la resolución de estos asaltos sería un fuerte aliciente para las inversiones extranjeras y nacionales.

 

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