La entrega de nuevos yacimientos de Comibol a manos de los cooperativistas está generando más polémica.

El matutino orureño La Patria publicó recientemente una entrevista con “el analista Carlos Sand” y señaló que esta determinación no favorece a la economía nacional y por el contrario el Estado pierde.

“Llama mucho la atención que en los últimos días, en otras palabras se esté ignorando los recursos naturales del país porque vemos que más o menos de unas 40 mil concesiones que hace cuatro años tenían los cooperativistas hoy llegan aproximadamente a 400.000 concesiones”, señaló.

La ola de concesiones mineras del Estado que se entregan a las cooperativas tomó un tono político cuando un representante cooperativista potosino vinculó estas entregas con las elecciones de 2014.

Lo que implicaría que estas entregas serían una especie de pago por apoyo político.

Según El Centro de Documentación e Información Bolivia: de los tres impuestos que deben pagar todas las empresas del sector minero, los cooperativistas sólo pagan uno. Los tres impuestos son: la regalía minera, Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) y la alícuota adicional al Impuesto a las Utilidades de las Empresas.

Para el caso de las regalías el porcentaje que se paga es variable según el mineral y los precios; el pago es entre el 1 y 7 por ciento del valor de producción. Todos los sectores lo pagan, el estatal, el privado y el cooperativizado.

Sin embargo, no ocurre lo mismo con el impuesto a las utilidades que representa el 25 por ciento y la alícuota que es del 12,5 por ciento sobre utilidades cuando los minerales tienen buenos precios. De estos gravámenes están exentas las cooperativas.

Es decir que estas empresas privadas, porque las cooperativas son empresas privadas, no pagan impuestos al igual que el resto de las empresas privadas del país.

Esto no es sólo un incentivo a la informalidad es un incentivo a la ineficiencia. Cuando se trata de productividad la mienría coopertaiva tiene muy reputación.

Según cifras presentadas en diciembre del año pasado por el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB), los mineros estatales son 4 veces más eficientes en la extracción de minerales que los cooperativistas. En el caso de la minería privada, esta es 32 veces más eficiente que la minería cooperativista.

El cálculo se lo hace en base a cuantos trabajadores se necesitan para exportar una tonelada de mineral y cuanto representa en dinero el trabajo de un empleado de la empresa privada que paga todos los impuestos, los trabajadores estatales de Comibol que también paga impuestos y AFPs y por otro lado cuanto representa en exportaciones el trabajo de los privados cooperativistas.

Es el incentivo a la informalidad lo que debe preocupar cuando se trata de pagar impuestos.

En un tema relacionado los gremialistas tomaron las calles ayer porque buscan condiciones especiales en el pago de impuestos.

El dirigente del sector Francisco Figueroa informó que éste viernes en la ciudad fronteriza de Yacuiba se realizará un ampliado nacional del sector, donde se definirá “retirar el pago de impuestos del régimen simplificado y régimen general, hasta que se cumpla el convenio firmado con los dirigentes”.

Ante los reclamos de los gremialistas aun no han surgido versiones de concesiones a cambio de apoyo político, como en el sector minero cooperativista.

Pero amenazar con dejar de pagar impuestos es una nueva forma de protesta. Y podría abrir las puestas a que otros sectores se nieguen a pagar impuestos si consideran que son injustos.

En un tema relacionado, aunque no se trata de impuestos injustos si no de impuestos inoportunos:

Los trabajadores mineros del país se declararon en emergencia y piden a las empresas mineras y autoridades de Gobierno preparar planes de contingencia para afrontar la baja de los precios internacionales de los minerales como el estaño, oro y plata, para evitar una “catástrofe”.

Esto llega justo ahora que la nueva ley minea está a punto de ser aprobada tras 7 años de elaboración. Lo malo que es que la ley fue diseñada para un periodo en el que los precios estaban al alza. Es decir que se necesitaría una reforma muy rápida.

 

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