El gobierno promulgó ayer la Ley 403 de “Reversión de Derechos Mineros” en la cual dispone la restitución de 1.46 millones de hectáreas al Estado de áreas otorgadas en calidad de concesión minera al sector privado.

El experto Henry oporto manifestó que la medida gubernamental debería también considerar las causas por las cuales las empresas concesionarias no ejecutaron nuevas inversiones.

Con relación a la inseguridad jurídica, dijo que el clima económico para la generación de inversiones en este sector es adverso, en razón a las políticas impositivas que gravan con el 50% en promedio el capital de inversión, asimismo a los avasallamientos de las concesiones y a los permanentes conflictos que desincentivan las nuevas inversiones.

Según Oporto la minería en Bolivia se encuentra en un estado de postración y estancamiento.

La nueva ley promulgada ayer no es la tan esperad nueva ley minera. Esta ley aun se espera desde hace ya 7 años y se ha retrasado su entrega para el próximo año.

La ley firmada ayer abre la posibilidad de quitar las concesiones a empresas privadas que ya están bajo presión de los avasalladores. Si estos ladrones de concesiones deciden apropiarse de una mina, esta ley les entrega un mecanismo muy útil para hacerlo.

Las empresas mineras que son avasalladlas, dejan de invertir por lo que sería cuestión de tiempo hasta que sean revertidas.

Lo malo de las reversiones es que solamente las empresas privadas trabajan en exploración en el país. Las cooperativas que serian las nuevas beneficiadas con esta ley no hacen inversiones en exploración.

No lo hacen porque esperan que las empresas privadas las hagan y luego negocian con ellas bajo amenaza de avasallamiento. Este sistema funciona muy bien para las cooperativas, pero significan un costo muy alto para la minería privada que debe pagar impuestos.

Esta es otra ventaja de para la cooperativas que pagan apenas 4% de impuestos mientras el resto de la industria debe pagar alrededor de 40%.

En otro tema, el presidente Evo Morales anunció ayer la construcción de una fábrica estatal de cemento en la localidad de Caracollo en Oruro.

Señaló que tendrá una inversión de 306 millones de dólares y se prevé que su producción pueda cubrir el 22 % de la demanda interna hasta el año 2018. Se calcula una producción anual de 1.130.000 toneladas de cemento.

Morales dijo que se eligió Caracollo porque es estratégica debido a su cercanía al ducto de gas, lo que garantiza la fabricación del cemento.

Lo curioso es que según YPFB no hay suficiente gas para la producción privada de cemento y tiene a tres empresas con US$490 MM  en inversión aprobada, paralizadas.

Las empresas  Itacamba y Kaa Iya S.A., de Santa Cruz, y Soboce, de La Paz, no pueden poner en marcha sus proyectos de ampliación para cubrir la demanda nacional de cemento debido a que no hay gas. Estas plantas también están muy cerca de un gasoducto, pero este lleva gas a Brasil.

Lo que pone en nuevamente en tela de juicio la disponibilidad de gas para el consumo interno. Por Caracollo pasa el ducto que es destinado al consumo interno. Las empresas cementeras en Santa Cruz están encima del ducto que llega el gas a Brasil.

La constitución dice que se debe priorizar el consumo interno pero en la realidad las exportaciones tienen prioridad.

 

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