La nacionalización de Sabsa es sin duda la noticia económica que domina la jornada. Como era de esperar España se ha quejado y la seguridad jurídica de las inversiones en el país se ha puesto en duda.

Es la sexta empresa de origen español en pasar a manos del Estado en menos de un año. La razón citada por el  propio presidente Morales al anunciar la nacionalización es la falta de inversión. Al fin y al cabo, la empresa se había comprometido a invertir y no lo había hecho.

La explicación de la empresa para la falta de inversión es relativamente simple.

A principios de febrero, el gerente general de SABSA, Anthony Alicastro, dijo que no se ejecutó la totalidad de las inversiones previstas debido a que una reducción de tarifas dispuesta por el Gobierno en 2005 causó una disminución de sus ingresos.

Agregó que la empresa española propuso a la administración del presidente Morales invertir en los próximos nueve años US$ 36,3MM en la ampliación de los aeropuertos del eje troncal del país.

Es decir que no se cumplió con lo comprometido porque las reglas del juego habían cambiado y es el gobierno boliviano el que las habría cambiado.

El gobierno español de Mariano Rajoy catalogó la decisión del gobierno de Bolivia de “acto inamistoso”. En un comunicado desde el Ministerio de Exteriores español se “deplora” la decisión del Ejecutivo de Morales y se anunció que se “procederá a replantear el conjunto de las relaciones bilaterales”.

El embajador de España en Bolivia Ángel Vázquez Díaz de Tuesta dice en una entrevista con El Deber de Santa Cruz que:

El Gobierno boliviano nacionaliza, pero después de una nacionalización viene un proceso negociador para determinar cuál es la indemnización a la que una empresa tiene derecho y ese proceso, hasta la fecha, no funcionó bien me temo.

En el caso de Red Eléctrica, ha tardado casi ocho meses en tener la primera reunión un poco productiva que tuvo lugar en enero; en el caso de Iberdrola, acaban de empezar y en el caso de los aeropuertos, se iniciará un proceso parecido, en general tenemos una percepción de que esos procesos van lentos, las negociaciones son difíciles, y bueno,  no estamos en ese punto muy satisfechos y creemos que eso debe enmendarse.

La respuesta del Gobierno Boliviano ha sido un poco más de gestos inamistosos. “Yo no escuché decir que hubiera problemas en las relaciones bilaterales, no he escuchado, bueno seguramente es su derecho, vamos a respetar. Si no es con el Gobierno Español, tendremos relaciones con los movimientos sociales de España con seguridad”, manifestó Morales en conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno.

El tema es preocupante pues es equivalente a que un presidente de otro país le diga a Bolivia que no tratará con nuestro gobierno electo sino con los sindicatos nacionales.

Pero todo esto no resuelve el tema de fondo que es que la empresa española dice no haber hecho las inversiones a las que se comprometió porque el gobierno le obligó a reducir sus tarifas, lo que tiene una repercusión directa sobre sus ingresos.

Lo que les da un buen pretexto para no invertir, aunque ahora resultó siendo un buen pretexto para expropiar las acciones de la empresa.

Algo parecido está pasando a nivel interno y las municipalidades del país. Según el ejecutivo de la Asociación de Municipios de Bolivia (AMB), Dino Palacios,

La Asociación de Municipios de Bolivia reconoce que existe baja ejecución en los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) destinados a seguridad ciudadana, pero advierte que son las trabas legales y burocráticas las que impiden esta ejecución, y no precisamente la falta de voluntad o la ineficiencia de los equipos municipales, como dice el Gobierno.

La declaración fue hecha en el contexto de las quejas por la intención del ministerio de economía, de revertir fondos no ejecutados, con la nueva ley financiara.

Según Palacios, en lugar de buscar la centralización de poderes y la injerencia en los programas operativos anuales de los municipios, lo que hay que ver es fórmulas para permitir mayor fluidez en los procedimientos legales de ejecución presupuestaria.

Es otro caso de un cambio en las reglas de juego que propone el gobierno y luego es usada como causa para expropiar, en este caso de fondos para la municipalidad.

 

Comments are closed.