El precio del petróleo sigue cayendo. 21,17% desde hace un año, 16% desde septiembre. Y la tendencia no parece tener un límite natural debido a una serie de cambios en la naturaleza del mercado.

Las exportaciones de petróleo han atravesado un periodo en el que se dieron varios impedimentos a la producción, como la prohibición de exportar para Irán, y la guerra civil en Libia; a esto se le suma la creciente producción de petróleo no convencional de EEUU.

Todo esto desde el punto de vista de la oferta; por el lado de la demanda las perspectivas económicas de Europa y China muestran un crecimiento en la demanda mucho menor al incremento en la oferta.

Las fuerzas del mercado ahora favorecen precisamente a estas economías pues el menor precio del petróleo sirve como incentivo para nuevas inversiones.

El bajo costo de la energía está ayudando a EEUU para recuperar su economía. En los países productores de petróleo y gas la reducción tiene efectos más complejos. Por un lado las subvenciones se hacen más baratas; todo el diésel que le compramos a Chile es ahora un poco más barato y el estado gastará menos en comprarlo.

Por otro lado los ingresos del estado caen por que el precio de veta está cayendo. Pero la población ni las industrias ven resultados como en los países donde el precio de venta al público está ligado al precio internacional.

Las empresas que podrían usar más energía barata no sienten el efecto de la caída de precios internacionales. En Bolivia aún menos por la falta de gas para el mercado interno.

Los precios de los minerales también están a la baja. El cierre anunciado de Inti Raimi ha logrado opacar momentáneamente las noticias del escrutinio de votos de las elecciones presidenciales.

Como hemos escuchado la empresa ha decidido reducir su personal y cerrar operaciones hasta fin de año. Las repercusiones son muchas.

Hay otras cinco empresas que estarían en condiciones similares por la caída en el precio de los minerales.

Claro que el ministro de minería César Navarro, mencionó la semana pasada que no debe preocupar la caída de los precios de los minerales en el mercado internacional, sino cómo el país enfrentará esta situación.

Con esto en mente los trabajadores de las minas que están cerrando han pedido que se nacionalicen las operaciones para que así los trabajadores no pierdan su fuente de trabajo.

El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Miguel Quispe, dijo que “Se vio por conveniente el cierre parcial de Inti Raymi y, según el informe técnico de la empresa, ya no son rentables (las operaciones) y  hay muchos trabajadores que están pidiendo   que se revierta al Estado”, agregó Quispe.

La lógica detrás de este pedido es torcida y brillante. Según los trabajadores: si el sector estatal no es afectado por la caída de precios como el sector privado, entonces es mejor pertenecer a la minería estatal.

Pero esto sólo pone en evidencia el hecho de que la minería estatal está siendo subvencionada como en el caso de Huanuni que permanece abierta y sin reducciones de personal aun cuando los precios han caído, aun cuando la empresa pierde dinero, y aun cuando la planilla tiene 6 veces más empleados de los que necesita para operar.

El principal dirigente de la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia, Miguel Pérez, advirtió que existen otras 4 o 5 empresas en La Paz, Oruro y Potosí que están a punto de cerrar por la baja de precios, pero que también “el doble aguinaldo está afectando y se ha visto por conveniente reducir la escala salarial”.

Si estos trabajadores también piden pasar a manos estatales el gobierno se verá obligado a aceptar que los bajos precios afectan a nuestra economía o a absorber a los trabajadores de estas empresas y seguir usando créditos y recursos del Estado para cubrir los sueldos y aguinaldos de empresas deficitarias.

 

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